Por: Pablo Emilio Obando Acosta
Lo ocurrido en Guachucal no admite ambigüedades. La ocupación de predios privados, la destrucción de infraestructura productiva y la presión mediante la fuerza no son formas legítimas de protesta: son actos que vulneran la ley y ponen en riesgo la estabilidad de toda una región.
Es cierto: Colombia mantiene una deuda histórica en materia de tierras. Nadie serio puede negarlo. Pero tampoco se puede aceptar que esa deuda se pretenda saldar a través de la intimidación, la invasión y el daño al trabajo ajeno. Porque cuando se cruzan esos límites, la causa pierde legitimidad y se convierte en imposición.
En Guachucal no solo se afectaron bienes. Se golpeó el sustento de familias enteras, se alteró una economía basada en la producción lechera y se envió un mensaje peligroso: que la ley puede ser desplazada por la presión de hecho. Y eso, en cualquier Estado de derecho, es inaceptable.
Aquí no caben los silencios cómodos ni las reacciones tibias. El Gobierno nacional y las autoridades competentes tienen la obligación de actuar con firmeza: restablecer el orden, proteger a los productores y sancionar a quienes hayan incurrido en actos de destrucción. No hacerlo equivale a legitimar la violencia como mecanismo de negociación.
Una cosa es el derecho a reclamar; otra muy distinta es el derecho a destruir. Confundirlos es abrir la puerta a un país donde la fuerza reemplaza a la ley.
Guachucal no puede convertirse en un precedente de impunidad. Si se permite que estos hechos pasen sin consecuencias, mañana no será un municipio: será cualquier territorio del país.
Y entonces ya no estaremos hablando de un conflicto puntual, sino de la renuncia definitiva al Estado de derecho.
