En una de las decisiones más controvertidas en materia económica y migratoria de su mandato, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el decreto ejecutivo titulado «Restoring Integrity to America’s Financial System» (Restaurando la Integridad del Sistema Financiero de EE. UU.). Esta medida impone controles drásticos a las operaciones bancarias y transferencias de dinero realizadas por extranjeros, lo que impactará directamente el flujo de remesas hacia América Latina, con especial repercusión en países receptores clave como México y Colombia.
El decreto no menciona de forma explícita la palabra «remesas», pero su redacción ordena un escrutinio masivo sobre los movimientos de dinero de bajo valor hacia el exterior y exige a las instituciones financieras verificar rigurosamente la situación migratoria de sus clientes.
Las claves del decreto: ¿Cómo funcionará el control bancario?
La orden ejecutiva instruye al Departamento del Tesoro y a los reguladores federales a modificar los reglamentos de la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act) en un plazo de 90 a 180 días. El objetivo es forzar a los bancos y agencias de envío de dinero a reportar actividades financieras sospechosas relacionadas con la población no ciudadana.
Entre los puntos más severos del decreto destacan:
- Restricción de identificaciones consulares: Se limita severamente el uso de la Matrícula Consular (utilizada ampliamente por la comunidad mexicana) para abrir cuentas o realizar envíos de dinero.
- Lupa sobre el número ITIN: Las personas que utilicen el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) —usado por migrantes sin Seguro Social para pagar impuestos— se enfrentarán a bloqueos o auditorías en cuentas de depósito y solicitudes de créditos o hipotecas.
- Rastreo de envíos repetitivos: Se catalogarán como «alertas de riesgo» los retiros o envíos de efectivo constantes que coincidan con los ciclos de pago de nóminas fuera del sistema regulado.
La postura de la Casa Blanca: La administración de Trump justificó la medida bajo el argumento de combatir el lavado de dinero, el narcotráfico y «proteger el sistema financiero estadounidense frente a los riesgos del otorgamiento de servicios a la población extranjera inadmisible».
Impacto económico en México y Colombia
El endurecimiento de estas políticas ha encendido las alarmas en América Latina. Estados Unidos es la principal fuente de remesas para la región. Para muchos hogares en México y Colombia, estos fondos representan el sustento básico para alimentación, vivienda y educación.
El escenario en México
México es uno de los países más expuestos del mundo. El golpe de este nuevo decreto se suma al impuesto del 1% a las remesas en efectivo que entró en vigor a inicios de este año. Analistas financieros de BBVA Research señalan que, aunque la medida busca asfixiar financieramente a los migrantes indocumentados para forzar una «autodeportación», el impacto final podría mitigarse debido a las «familias de estatus mixto», donde los parientes con residencia legal o ciudadanía terminarán procesando los envíos de sus familiares.
El escenario en Colombia
Para Colombia, las remesas desde EE. UU. se han consolidado como una de las mayores fuentes de divisas del país, superando incluso a sectores tradicionales de exportación. Las restricciones para acceder a plataformas de pago digitales y cuentas de ahorro en EE. UU. ralentizarán y encarecerán el proceso de envío para miles de familias colombianas. +1
Organizaciones advierten sobre una «bancarización en la sombra»
Grupos de derechos civiles y organizaciones de consumidores en EE. UU., como el National Consumer Law Center (NCLC), han criticado duramente el decreto, advirtiendo que la medida provocará una desbancarización masiva de millones de personas.
“Forzar a la gente a sacar su dinero del sistema formal y guardarlo ‘bajo el colchón’ no solo es perjudicial para las familias migrantes, sino que desestabiliza la transparencia del propio sistema financiero norteamericano”, alertaron portavoces del NCLC.
Expertos en economía coinciden en que la medida podría tener un efecto contraproducente: al restringir el acceso a los bancos, las agencias formales y los medios de pago digitales regulados, se corre el riesgo de empujar el flujo de remesas hacia canales informales, mercados negros o redes de efectivo no rastreables.
