El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0159 del 19 de febrero, mediante el cual mantuvo de manera transitoria el incremento del 23 % del salario mínimo para 2026, mientras el Consejo de Estado define la legalidad del ajuste aprobado a finales del año pasado. Con esta decisión, el salario quedó fijado en $1.750.905, cifra que continuará vigente hasta que exista un fallo definitivo.
La expedición del decreto responde a una orden judicial que exigía un acto administrativo provisional para garantizar seguridad jurídica y continuidad en el pago del salario mínimo, mientras avanza el proceso de nulidad interpuesto contra el aumento original.
En la motivación del decreto, el Ejecutivo reconoció que, aplicando únicamente los criterios tradicionales establecidos en la Ley 278 de 1996 —como inflación proyectada, productividad, crecimiento económico y participación de los salarios en el ingreso nacional—, el incremento habría rondado el 13,6 %, es decir, considerablemente menor al 23 % finalmente adoptado.
No obstante, el Ministerio del Trabajo argumentó que la fijación del salario mínimo no puede limitarse exclusivamente a esos parámetros técnicos. Según explicó el ministro Antonio Sanguino, la Constitución establece que el salario debe ser “vital y móvil”, lo que obliga a incorporar una visión más amplia que contemple condiciones reales de vida y bienestar.
Bajo esa interpretación, el Gobierno incluyó un componente adicional basado en la metodología de salario mínimo vital promovida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El análisis comparó el ingreso vigente en 2025 con el nivel estimado necesario para cubrir una canasta básica digna y concluyó que existía una brecha cercana al 23 %. Para reducir esa diferencia, el Ejecutivo sumó 9,4 puntos porcentuales adicionales al resultado técnico inicial.
De esta manera, el decreto sostiene que el aumento no responde únicamente a variables económicas, sino también a criterios sociales y distributivos. Para el Gobierno, el salario mínimo cumple una función estructural en la mejora de las condiciones materiales de los trabajadores, la reducción de desigualdades y el fortalecimiento de la demanda interna, todo dentro de un marco de estabilidad macroeconómica que ahora deberá ser evaluado por el alto tribunal.
