A menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 8 de marzo, surgió una nueva controversia alrededor del proceso electoral luego de que el presidente Gustavo Petro expresara dudas sobre posibles fallas en el diligenciamiento de los formularios E-14. Mientras el mandatario alertó sobre eventuales irregularidades, la Registraduría Nacional y la Misión de Observación Electoral (MOE) insistieron en que no existe evidencia de un fraude estructural.
A través de sus redes sociales, el jefe de Estado señaló que no deben quedar espacios en blanco en los formularios y cuestionó el funcionamiento de los sistemas tecnológicos utilizados para la transmisión de datos desde los puestos de votación. Sus declaraciones generaron reacciones en distintos sectores políticos y empresariales, que advirtieron sobre el impacto que estos señalamientos pueden tener en la confianza ciudadana.
El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que el proceso cuenta con garantías técnicas y que los procedimientos de transmisión, digitalización y escrutinio siguen los protocolos establecidos desde hace décadas. Reiteró que la organización electoral ha adoptado medidas para asegurar transparencia y trazabilidad en cada etapa del conteo.
Desde la MOE, su directora Alejandra Barrios fue enfática en señalar que no existe sustento técnico para afirmar que se esté gestando un fraude generalizado. En la misma línea, el subdirector de la organización, Frey Muñoz, explicó que las irregularidades solo pueden determinarse con hechos verificables y que hasta el momento no se han identificado actos que evidencien manipulación sistemática del proceso.
Muñoz recordó que en procesos anteriores se han presentado inconsistencias entre el preconteo y el escrutinio, pero aclaró que el sistema electoral colombiano contempla mecanismos de verificación que permiten corregir diferencias. Los resultados oficiales, explicó, se consolidan mediante la revisión física de los formularios y las actas, no únicamente a partir de la transmisión preliminar de datos.
Para la MOE, el principal riesgo no radica en una alteración técnica del proceso, sino en el efecto que pueden tener las desinformaciones sobre la percepción pública y sobre la labor de los jurados de votación. Por ello, la organización hizo un llamado a fortalecer la pedagogía electoral y a preservar la confianza institucional en el desarrollo de los comicios.
El debate se da en un momento clave del calendario electoral, en el que además de elegir Congreso, se definirán candidatos presidenciales mediante consultas. En este contexto, expertos insisten en que el rol del Ejecutivo debe centrarse en garantizar condiciones de seguridad y respaldo logístico, mientras la conducción del proceso corresponde a la organización electoral.
