El decreto establece que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) deberán transferir estos recursos correspondientes a 119.632 afiliados que migraron del sistema privado al público tras la reforma pensional.
El proceso será escalonado:
- Un 50% en los próximos 20 días hábiles
- El restante en los 10 días siguientes
El objetivo del Gobierno es garantizar la sostenibilidad del sistema público y evitar un desbalance fiscal al asumir obligaciones sin respaldo financiero.
⚠️ Controversia y advertencias
La decisión no ha estado exenta de críticas. Diversos sectores han manifestado preocupación por varios factores:
- Riesgos legales: La reforma pensional aún enfrenta cuestionamientos tras decisiones previas de la Corte Constitucional.
- Impacto financiero: Entidades como el Banco de la República han advertido posibles efectos negativos en la estabilidad económica.
- Acciones legales: El gremio Asofondos anunció que impugnará el decreto.
Además, el decreto permite trasladar recursos incluso de personas que aún no están pensionadas, lo que ha incrementado la incertidumbre entre los afiliados.
🏛️ Contexto político
Esta decisión se da en medio de un ambiente político tenso, a pocas semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales (programada para el 31 de mayo de 2026). Analistas consideran que el tema pensional podría convertirse en un eje central del debate electoral.
Paralelamente, la campaña presidencial se intensifica con propuestas de seguridad, polémicas por estrategias de captación de votos y una creciente polarización entre los principales candidatos.
