Con la firma del Decreto 0858 del 30 de julio de 2025, el Gobierno Nacional puso en marcha un nuevo modelo de salud preventiva y resolutiva, anticipando aspectos clave de la reforma que aún cursa en el Congreso. La decisión ha generado controversia entre sectores políticos, gremios médicos y analistas, quienes advierten sobre el alcance legal y los retos de implementación de la medida.
La norma, respaldada por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, establece como política pública obligatoria el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo. Con ello, el sistema será reorganizado en torno a las llamadas Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), integradas por prestadores públicos, privados y mixtos, quienes serán responsables de la atención continua desde el primer nivel hasta los servicios de alta complejidad.
Uno de los puntos más relevantes del decreto es la centralización del ingreso al sistema de salud a través de Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), desde donde se coordinarán las remisiones a niveles especializados. Esta figura ya había sido planteada en la fallida reforma archivada por el Congreso y se convierte ahora en la puerta de entrada obligatoria para todos los pacientes.
El nuevo esquema también redefine el rol de las EPS. Aunque no serán eliminadas, pierden el control sobre los recursos y se limitarán a tareas como la gestión del riesgo en salud, la articulación de servicios, la referencia y contrarreferencia, y acciones en salud pública. En adelante, será la ADRES la única entidad encargada del manejo financiero del sistema.
Otro cambio significativo es el fortalecimiento del papel de las ARL, que ahora tendrán responsabilidades ampliadas en promoción, prevención y articulación de servicios en el primer nivel, una novedad respecto al proyecto legislativo original.
El decreto estipula que la implementación del modelo iniciará en los próximos seis meses, mientras las EPS deberán ajustarse a las nuevas condiciones operativas en un plazo máximo de un año.
Preocupación en el sector
Pese a los objetivos anunciados, varias voces del sector han expresado preocupaciones. Desde ACEMI —que agrupa a las EPS del régimen contributivo— se advierte que la medida supone una transformación estructural sin una hoja de ruta clara ni suficiencia técnica. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas también ha solicitado mayor claridad sobre la financiación de la reorganización hospitalaria, especialmente en las zonas rurales y apartadas.
Exministros de Salud y expertos han manifestado inquietudes jurídicas, advirtiendo que al no contar con respaldo legislativo, la medida podría enfrentar demandas por inconstitucionalidad, aunque ya se encuentra en vigor.
Mientras el Gobierno defiende la urgencia de avanzar hacia un modelo más preventivo y equitativo, los críticos insisten en que sin un plan de transición ordenado y recursos asegurados, la medida puede generar incertidumbre y riesgos operativos en el corto plazo.
