La Alcaldía de Bogotá implementó oficialmente el decreto 117 de 2026, una normativa que busca reorganizar el uso del espacio público y establecer reglas claras para el comercio informal en las 20 localidades de la ciudad. El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, lidera la socialización de esta medida, asegurando que el Distrito prioriza el bienestar de los trabajadores mientras recupera la movilidad en los andenes y plazas más congestionadas. Según el funcionario, el equipo de convivencia aplicará un protocolo estricto donde ningún vendedor abandonará su puesto habitual sin recibir previamente una alternativa de reubicación o formación profesional. Por consiguiente, la administración local intenta equilibrar el derecho al trabajo con la necesidad de garantizar un tránsito seguro y ordenado para los millones de peatones que recorren la capital diariamente.
Esta nueva regulación prohíbe explícitamente el uso de elementos peligrosos en las vías, como los cilindros de gas propano, con el fin de prevenir incendios y explosiones en zonas de alta densidad poblacional. Muchos comerciantes informales manifiestan sus dudas respecto a la viabilidad de cambiar sus métodos de cocción, aunque el decreto contempla incentivos para quienes realicen la transición hacia tecnologías más limpias y seguras. Asimismo, la Secretaría de Gobierno coordina con las alcaldías locales operativos pedagógicos en sectores críticos como San Victorino, la Carrera Séptima y el sector de Galerías. De igual manera, los inspectores de policía vigilarán que los vendedores cumplan los horarios de limpieza y no obstruyan las rampas de acceso para personas con movilidad reducida, aplicando sanciones únicamente tras agotar el diálogo.
Gobierno Distrital promete alternativas para vendedores informales
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Fuentes oficiales de la Alcaldía Mayor en su cuenta verificada de X recalcan que el Instituto para la Economía Social (IPES) dispone de una oferta robusta que incluye quioscos reglamentados y cupos en las Plazas Distritales de Mercado. Diversos portales de noticias oficiales señalan que el censo de vendedores informales supera actualmente las 100.000 personas en Bogotá, lo que exige una logística de reubicación sin precedentes en la historia reciente de la ciudad. Por otro lado, la administración distrital trabaja en la carnetización masiva de los comerciantes para identificar a quienes realmente dependen de esta actividad y evitar que redes criminales monopolicen el espacio público. Por tal razón, el registro en la plataforma HES (Herramienta de Seguimiento al Espacio Público) resulta indispensable para acceder a los beneficios y garantías que ofrece el nuevo decreto.
Sumado a las opciones de reubicación, el Distrito facilita alianzas con el sector privado para que los vendedores participen en ferias comerciales temporales y eventos culturales de gran escala. Organizaciones de derechos humanos y gremios de comerciantes informales resaltan que la clave del éxito reside en la constancia de las alternativas, pues muchos temen que los nuevos espacios carezcan del flujo de clientes necesario para su subsistencia. Además, la Secretaría de Salud acompaña estos procesos verificando la manipulación de alimentos y promoviendo prácticas higiénicas que protejan a los consumidores habituales de la calle. De este modo, Bogotá se suma a la tendencia de ciudades globales que transforman el comercio popular en una actividad regulada, estética y productiva que aporta al desarrollo económico local sin sacrificar la convivencia.
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Finalmente, el equipo de Gustavo Quintero mantendrá mesas de diálogo permanentes con los líderes de los vendedores para ajustar la implementación del decreto 117 según las particularidades de cada barrio. Mientras los gestores de convivencia recorren las calles explicando los alcances de la ley, los ciudadanos esperan una mejora sustancial en la limpieza y el orden de los puntos más críticos de la ciudad. De esta manera, Bogotá afronta el reto de integrar la informalidad en un modelo de ciudad más sostenible donde el respeto por el espacio de todos prevalezca sobre los intereses individuales. La jornada administrativa cierra con la promesa de una vigilancia constante para asegurar que la transición ocurra de manera pacífica, humana y con garantías reales de progreso para quienes hoy ocupan el espacio público.
