El Gobierno colombiano declaró formalmente la emergencia económica y social como consecuencia de los graves daños provocados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. La medida busca facilitar la adopción de acciones extraordinarias para atender a las comunidades afectadas, acelerar la reconstrucción de viviendas e infraestructura y responder a las enormes necesidades económicas y sociales que dejó la tragedia. Según reportes conocidos este jueves, la emergencia contempla un escenario de pérdidas multimillonarias y decenas de miles de viviendas afectadas, convirtiéndose en uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente la administración nacional.
La decisión abre una nueva etapa en la respuesta estatal al desastre, pues el Gobierno podrá adoptar medidas especiales para enfrentar las consecuencias de la emergencia. Sin embargo, la declaratoria también deberá superar los controles establecidos por la Constitución y será objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional. Mientras tanto, las autoridades trabajan en la distribución de ayuda humanitaria y en la evaluación de las zonas que necesitan intervención urgente. Colombia ya ha recibido más de 640 toneladas de ayuda humanitaria internacional, una muestra de la magnitud de la emergencia y de la solidaridad recibida desde diferentes países.
