La suspensión de la programación regional e informativa de las 20 Emisoras de Paz de Colombia abrió una nueva controversia sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016 y el acceso de las comunidades a la información en algunas de las zonas más afectadas por el conflicto armado.
Desde el 18 de agosto de 2026, las emisoras dejaron de emitir sus habituales contenidos locales, informativos, culturales y pedagógicos y pasaron a transmitir una programación musical centralizada desde Bogotá. La medida fue adoptada mientras la nueva administración de Inravisión, entidad anteriormente conocida como RTVC, adelanta una revisión de la programación y del funcionamiento del sistema de medios públicos.
La decisión también afectó a las emisoras descentralizadas de Radio Nacional. Sin embargo, es importante precisar que las estaciones no fueron apagadas ni salieron completamente del aire: lo que se suspendió fue su programación territorial e informativa. En su lugar, las frecuencias comenzaron a retransmitir contenidos musicales centralizados.
¿Qué son las Emisoras de Paz y por qué son diferentes a otras emisoras?
Las Emisoras de Paz fueron creadas como parte del punto 6.5 del Acuerdo Final firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las antiguas FARC-EP. Su propósito es contribuir a la convivencia, la reconciliación y la construcción de paz en territorios históricamente golpeados por la violencia.
Por esa razón, su función no se limita a reproducir música o contenidos generales. Estas emisoras fueron concebidas para producir información desde los territorios, hacer pedagogía sobre la implementación del Acuerdo de Paz y abrir espacios de participación para comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, víctimas del conflicto y otros sectores de la población.
La Defensoría del Pueblo ha insistido en que las Emisoras de Paz no pueden ser consideradas simplemente como emisoras públicas ordinarias, debido a que su existencia responde directamente a un compromiso adquirido por el Estado colombiano en el Acuerdo Final.
La implementación de las 20 emisoras representaba, además, uno de los avances más completos dentro de los compromisos establecidos en el Acuerdo. Para diciembre de 2024, las 20 frecuencias previstas ya se encontraban en funcionamiento.
¿Qué fue lo que suspendió el Gobierno?
La orden, según organizaciones defensoras de la libertad de prensa, fue comunicada el 17 de agosto a los responsables de las emisoras y comenzó a aplicarse al día siguiente.
Desde entonces quedaron suspendidos programas y espacios producidos directamente desde las regiones. Esto incluye contenidos relacionados con la actualidad local, cultura, medio ambiente, vida campesina, participación ciudadana, pedagogía sobre el Acuerdo de Paz y otras problemáticas propias de cada territorio.
La programación fue reemplazada por música emitida de forma centralizada desde Bogotá, mientras Inravisión adelanta una revisión de sus contenidos y de la parrilla de programación.
La medida no solo involucró a las 20 Emisoras de Paz. También alcanzó a emisoras descentralizadas de Radio Nacional que producen contenidos desde ciudades como Pasto, Manizales, Bucaramanga, San Andrés, Villavicencio, Quibdó, Barranquilla y Valledupar, entre otras.
La preocupación por las comunidades que dependen de la información local
Uno de los principales cuestionamientos a la suspensión está relacionado con el papel que cumple la radio en zonas rurales y apartadas.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Misión de Observación Electoral (MOE) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) advirtieron que la medida afecta el acceso a información local de comunidades que viven en territorios donde persisten dinámicas de violencia y presencia de grupos armados.
Según estas organizaciones, las Emisoras de Paz prestan servicio a más de 463.000 personas, incluyendo comunidades rurales, indígenas, afrodescendientes y campesinas. En varios de estos municipios, la radio tiene un papel fundamental para informar sobre situaciones de orden público, desplazamientos, restricciones a la movilidad, emergencias y decisiones de las autoridades locales.
Para las organizaciones que cuestionan la medida, una programación musical centralizada no puede reemplazar la información producida desde los territorios, especialmente cuando esa información puede tener consecuencias directas sobre la seguridad y la vida cotidiana de las comunidades.
La Defensoría del Pueblo pidió revisar la decisión
La Defensoría del Pueblo se pronunció el 23 de agosto y pidió que la suspensión de la programación regional e informativa fuera reevaluada de manera prioritaria.
La entidad recordó que las Emisoras de Paz fueron creadas específicamente para contribuir a la convivencia, la reconciliación, el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la pedagogía sobre la implementación del Acuerdo Final.
Además, señaló que su naturaleza especial debe ser tenida en cuenta antes de tomar decisiones que modifiquen o suspendan sus contenidos territoriales.
El pronunciamiento de la Defensoría se sumó a las críticas expresadas por organizaciones de periodistas, sectores políticos y comunidades que consideran que la medida puede afectar compromisos asumidos por el Estado colombiano.
El debate sobre la revisión del sistema de medios públicos
La suspensión se produjo en medio de una revisión más amplia de Inravisión y del sistema de medios públicos colombiano.
El Gobierno ha cuestionado la administración anterior y ha anunciado una revisión de contenidos, contratos y convenios. En ese contexto, desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se anunció el fin de lo que fue denominado como un “aparato de propaganda” dentro del sistema de medios públicos, una expresión que también generó fuertes reacciones.
Sin embargo, hasta ahora no se ha establecido públicamente que las Emisoras de Paz hayan cometido irregularidades específicas que justifiquen la suspensión de toda su programación territorial.
Esta diferencia es importante: la discusión sobre una revisión administrativa o editorial del sistema de medios públicos no necesariamente responde a la pregunta sobre si pueden suspenderse de manera generalizada contenidos que hacen parte de una estrategia creada por mandato del Acuerdo de Paz.
La FLIP, la MOE y AMARC sostienen que una revisión de la programación podría realizarse mediante mecanismos menos restrictivos y sin eliminar temporalmente el acceso de las comunidades a sus contenidos locales.
Las acusaciones de propaganda y el riesgo para los periodistas
La controversia también escaló por las declaraciones de algunos dirigentes políticos que han calificado a las Emisoras de Paz como instrumentos de propaganda de las antiguas FARC o de otros grupos armados.
La FLIP y la organización El Veinte advirtieron el 25 de agosto que este tipo de señalamientos pueden representar un riesgo adicional para periodistas y trabajadores de las emisoras, especialmente porque muchas de ellas operan en zonas donde continúan existiendo actores armados y graves problemas de seguridad.
Según la FLIP, entre 2019 y 2026 se han documentado amenazas, desplazamientos, un secuestro y otros hechos de riesgo contra integrantes vinculados a estas emisoras. La organización considera que asociar públicamente a periodistas y trabajadores con grupos armados sin sustento puede aumentar su vulnerabilidad.
Un debate que va más allá de una parrilla radial
La suspensión de las Emisoras de Paz ha convertido una decisión sobre programación en un debate mucho más amplio sobre la libertad de prensa, el derecho a la información, la descentralización de los medios públicos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz.
Para el Gobierno, la medida hace parte de una revisión del sistema de medios públicos y de sus contenidos. Para organizaciones defensoras de la libertad de expresión y sectores críticos, el problema es que esa revisión terminó afectando temporalmente un mecanismo diseñado específicamente para garantizar información y participación en territorios históricamente marginados.
La principal incertidumbre, por ahora, es cuándo regresará la programación regional e informativa y bajo qué condiciones lo hará. La suspensión fue presentada como temporal, pero no se ha informado una fecha concreta para el restablecimiento completo de los contenidos producidos desde las regiones.
Mientras tanto, el caso continúa generando reacciones institucionales y políticas. La discusión ya no se centra únicamente en si las emisoras deben modificar su programación, sino en el alcance que puede tener esa decisión sobre un compromiso estatal derivado del Acuerdo de Paz y sobre el derecho de cientos de miles de personas a recibir información directamente relacionada con sus propios territorios.
¿Qué puede pasar ahora?
El futuro de las Emisoras de Paz dependerá de las decisiones que adopten Inravisión y el Gobierno después de la revisión anunciada. Organizaciones como la FLIP, la MOE, AMARC y la Defensoría del Pueblo han pedido que se restablezca la programación territorial e informativa y que cualquier cambio preserve la finalidad original de estas frecuencias.
Por ahora, las 20 frecuencias siguen existiendo y continúan al aire, pero sin la programación regional que las convirtió en una herramienta de comunicación para comunidades afectadas por décadas de conflicto armado.
El desenlace de esta controversia será clave para determinar si la suspensión se mantiene como una medida temporal o si la revisión anunciada termina transformando de manera permanente uno de los proyectos de comunicación más directamente vinculados a la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia.
