Luis Alfonso Escobar rechazó cualquier negociación clandestina con organizaciones armadas y defendió los procesos de paz territorial desarrollados en el departamento.
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, respondió a las declaraciones del presidente Abelardo de la Espriella, quien durante la Cumbre de Gobernadores advirtió que ninguna autoridad regional puede establecer acuerdos o contactos secretos con grupos armados ilegales.
La advertencia del mandatario nacional generó una respuesta inmediata del gobernador nariñense, quien negó que desde la administración departamental se hayan realizado negociaciones clandestinas o pactos por fuera de los canales institucionales.
Escobar explicó que los procesos de diálogo desarrollados en Nariño fueron adelantados bajo la conducción del Gobierno Nacional y sus delegados, por lo que rechazó cualquier señalamiento que presente a la Gobernación como responsable de negociaciones secretas con organizaciones armadas.
El gobernador responde a la advertencia
Escobar manifestó que coincide con el presidente en que los procesos de negociación y los diálogos de paz corresponden al Gobierno Nacional. Sin embargo, insistió en que la Gobernación ha participado dentro de los mecanismos institucionales establecidos.
El mandatario departamental defendió además la importancia de tener en cuenta las condiciones particulares de Nariño, un territorio que durante años ha enfrentado la presencia de grupos armados, economías ilegales y hechos de violencia.
Según Escobar, las estrategias para recuperar la seguridad deben considerar las características de cada región y combinar las acciones de seguridad con inversión social, desarrollo y presencia efectiva del Estado.
La defensa de la paz territorial
Uno de los principales argumentos del gobernador es la necesidad de mantener una política de paz territorial.
Escobar considera que las comunidades de las zonas afectadas por el conflicto deben tener participación en las decisiones que buscan transformar las condiciones de violencia.
En ese sentido, defendió los procesos que se han desarrollado en Nariño y señaló que sus resultados deberían ser conocidos y evaluados antes de determinar qué mecanismos deben continuar y cuáles necesitan modificaciones.
El gobernador también planteó que las autoridades nacionales deben conocer directamente las condiciones que viven las comunidades en el territorio.
El origen de la controversia
La discusión se produce en medio de un cambio en la política de seguridad y paz del Gobierno Nacional.
La administración de Abelardo de la Espriella ha anunciado una postura más estricta frente a los grupos armados y ha cuestionado los mecanismos de diálogo utilizados durante el Gobierno anterior.
En este contexto, el presidente ha dejado claro que los gobernadores y alcaldes no pueden adelantar negociaciones independientes con organizaciones armadas.
La advertencia cobró especial importancia en el caso de Nariño debido a los diferentes procesos de diálogo que se habían desarrollado en el departamento.
El caso de Comuneros del Sur
Uno de los procesos más importantes fue el diálogo con la organización conocida como Comuneros del Sur.
Durante las conversaciones se abordaron asuntos relacionados con el desminado humanitario, la sustitución de cultivos ilícitos, la atención a las víctimas, la búsqueda de personas desaparecidas y posibles mecanismos de reincorporación.
El proceso, sin embargo, atravesó dificultades y posteriormente quedó en medio de las decisiones adoptadas por el nuevo Gobierno Nacional frente a las estructuras armadas.
La situación aumentó las diferencias entre las autoridades nacionales y departamentales sobre la manera de enfrentar la violencia en Nariño.
Dos posiciones frente al conflicto
La controversia evidencia dos enfoques diferentes.
Por un lado, el Gobierno Nacional sostiene que la prioridad debe ser recuperar el control territorial, fortalecer a la Fuerza Pública y evitar que funcionarios regionales establezcan contactos no autorizados con grupos armados.
Por otro lado, la Gobernación de Nariño insiste en que la seguridad debe estar acompañada de inversión social, oportunidades económicas, presencia institucional y estrategias de construcción de paz.
Aunque existen diferencias sobre los mecanismos, ambas partes reconocen la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad de las comunidades.
Escobar invita al Gobierno Nacional a conocer Nariño
El gobernador también ha planteado que el Gobierno Nacional conozca directamente los resultados y las dificultades de los procesos desarrollados en el departamento.
Su intención es que las decisiones sobre la política de seguridad y paz tengan en cuenta la realidad de las comunidades que viven en las zonas más afectadas por el conflicto.
Escobar sostiene que Nariño tiene características particulares y que las decisiones tomadas desde Bogotá deben considerar las condiciones existentes en los municipios y zonas rurales.
La posición del gobernador
Luis Alfonso Escobar mantiene su negativa frente a cualquier acusación de negociaciones clandestinas.
Su posición es que la Gobernación no ha establecido acuerdos secretos con organizaciones armadas y que los procesos de diálogo en los que participó el departamento estuvieron relacionados con iniciativas y mecanismos dirigidos por el Gobierno Nacional.
La controversia queda ahora en manos de las autoridades nacionales, mientras continúa el debate sobre cuál debe ser la estrategia para enfrentar la violencia en Nariño.
El enfrentamiento entre el presidente y el gobernador también abre una discusión más amplia sobre el futuro de los procesos de paz en las regiones y sobre la coordinación que debe existir entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales.
Por ahora, Escobar mantiene una posición clara: niega haber realizado negociaciones clandestinas y sostiene que la Gobernación de Nariño no ha establecido acuerdos secretos con grupos armados.
