Cuando el mundo está preocupado por el deterioro del medio ambiente causado entre otras, por la contaminación por el uso de combustibles fósiles, en Nariño nos agarramos a dentelladas para seguir usándolos para lo cual exigimos gabelas sin reparar en la responsabilidad social de gobiernos regionales y locales, distribuidores y de los mismos consumidores para con las generaciones futuras.
Solo estamos pensando en la inmediatez y en el beneficio económico particular más que en el general, así sin eufemismos hay que decirlo, porque los combustibles que provienen del subsuelo son de propiedad de la nación, de todos, por lo tanto, son un bien público, común y colectivo, cuyo beneficio no puede ser aprovechado menos abusado por particulares.
Por eso aprueban la Ley 191 de 1995 “Por la cual se dictan disposiciones sobre Zonas de Frontera” que tiene como objetivos “establecer un régimen especial, con el fin de promover y facilitar su desarrollo económico, social, científico, tecnológico y cultural. Protección de Derechos Humanos, mejoramiento de la calidad de vida
y satisfacción de las necesidades básicas. Garantizar transporte, telecomunicaciones, energía eléctrica, agua potable y saneamiento básico, educación y salud. Preservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del ambiente. Cooperación con países vecinos. Y mejorar la calidad de vida de las comunidades negras e indígenas”.
En ese espíritu, el Artículo 55 de dicha Ley establece que “Mientras la Nación construye la red de poliductos contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, Ecopetrol asumirá el costo del transporte de los combustibles derivados del petróleo entre las plantas de abasto o mayoristas y las Zonas de Frontera que, siendo capital de departamento tengan comunicación por carretera con dichas plantas de abasto donde existiere terminal de poliducto”.
Por lo tanto, los propósitos de los beneficios de este Artículo deben cumplir los objetivos de la ley, pero que infortunadamente se están desviando.
Así parezca contradictorio y mientras llegan las energías alternativas, proponemos que el subsidio calculado a varios años se anticipe pagando la construcción de los poliductos, especialmente de la red de gasoducto que reducirá costos de la canasta familiar, mejora la calidad de vida y responde a la preocupación del Ministro de Hacienda de sustituir los beneficios por un proyecto de “impacto social focalizado”. Pensemos en grande y con responsabilidad social.
Por: Chucho Martínez.