La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Miguel Guzmán García, exalcalde de El Dovio durante el periodo 2020–2023, por presunto uso irregular de vigencias futuras sin contar con la autorización previa del Concejo Municipal. Según el ente de control, el entonces mandatario habría comprometido recursos públicos por más de 700 millones de pesos para asumir obligaciones contractuales, pasando por alto la prohibición de hacerlo sin cumplir los requisitos constitucionales y legales.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartago indicó que, al parecer, Guzmán García tomó la decisión en 2021 de comprometer vigencias futuras sin respaldo normativo, lo que constituye una vulneración directa a los principios de legalidad del gasto público y anualidad presupuestal. El organismo disciplinario subrayó que la actuación del exalcalde quebrantó además el principio de moralidad administrativa, al comprometer recursos sin la autorización obligatoria del Concejo Municipal.
El pliego de cargos califica la posible conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima, lo que refleja la severidad del caso y la trascendencia de las decisiones adoptadas por Guzmán García en el ejercicio de su cargo. La Procuraduría enfatizó que el uso indebido de vigencias futuras no solo afecta la planeación financiera de los municipios, sino que también compromete la transparencia y la confianza ciudadana en la gestión pública.
El proceso disciplinario busca establecer responsabilidades y determinar si el exmandatario incurrió en irregularidades que puedan derivar en sanciones. La formulación de cargos marca un paso clave en la investigación, pues abre la posibilidad de que Guzmán García presente sus descargos y ejerza su derecho a la defensa.
La Procuraduría reiteró que la vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos es esencial para garantizar la correcta administración de los municipios y evitar que decisiones contrarias a la ley afecten la estabilidad financiera y la credibilidad institucional. En este sentido, el caso del exalcalde de El Dovio se convierte en un ejemplo de cómo los órganos de control buscan preservar la disciplina fiscal y la transparencia en la gestión de los recursos.
El señalamiento contra Guzmán García pone de relieve la importancia de cumplir con los requisitos constitucionales y legales en la administración pública. La omisión de estos procedimientos no solo vulnera principios fundamentales, sino que también expone a los funcionarios a sanciones disciplinarias severas. La Procuraduría insistió en que la responsabilidad de los mandatarios locales es garantizar que cada decisión financiera esté ajustada a la normatividad vigente, evitando comprometer el futuro económico de los municipios.
