La juez décima de Familia tomó la decisión final sobre el cumplimiento del fallo. En efecto, el 22 de abril de 2026 resolvió no imponer sanciones por desacato. Esta determinación representa un respaldo importante al proceso. Además, refleja un análisis riguroso de las actuaciones realizadas. Por consiguiente, se fortalece la legitimidad institucional. De esta manera, se brinda mayor confianza a la ciudadanía. Así, se clarifica el panorama legal.
En su evaluación, la funcionaria concluyó que no hubo negligencia. Asimismo, descartó cualquier intención de incumplir la decisión judicial. Por el contrario, destacó el avance técnico alcanzado. Esto demuestra que el proceso ha evolucionado de manera positiva. Además, se evidencia compromiso por parte de los responsables. En consecuencia, se reafirma el cumplimiento de las obligaciones. Así, se garantiza la transparencia.
Desde la administración, Ana Catalina Castro reiteró que se ha actuado conforme a la ley. Además, aseguró que todas las acciones han sido transparentes. En este sentido, se han desarrollado estrategias orientadas al cumplimiento efectivo. De igual forma, se ha promovido la participación de la comunidad. Por ende, se fortalece la confianza institucional. Asimismo, se consolida el proceso en marcha. Esto impacta positivamente en su desarrollo.
Por último, se informó que más de mil millones de pesos respaldan esta etapa. Estos recursos han sido destinados a asesorías, logística y encuentros comunitarios. Además, permiten avanzar hacia la fase definitiva del proceso. En consecuencia, se garantiza una ejecución adecuada. De esta manera, se optimizan los resultados. También se fortalece la inclusión ciudadana. Así, se asegura el cumplimiento de los objetivos.
