Municipio de Cómbita/ foto: foto archivo particualar.
La Procuraduría Provincial de Tunja formuló pliego de cargos disciplinarios contra el exalcalde de Cómbita, Nelson Pérez Suárez, por una presunta omisión en el cumplimiento de una de las obligaciones asignadas a las administraciones municipales durante el año 2021.

Investigación
Según la decisión del Ministerio Público, el exmandatario habría omitido formular el Plan Integral de Prevención a las Violaciones de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), instrumento que hace parte de las acciones institucionales orientadas a prevenir riesgos para la población y fortalecer la articulación de las autoridades en materia de protección de derechos.
La Procuraduría indicó que, con fundamento en los elementos recopilados durante la etapa de investigación, encontró mérito para formular el respectivo cargo disciplinario, al considerar que la presunta omisión podría constituir un incumplimiento de los deberes funcionales que recaían sobre el entonces alcalde del municipio.
Dentro de la actuación, el organismo de control calificó provisionalmente la conducta como una falta leve, presuntamente cometida a título de culpa grave, clasificación que corresponde a esta etapa del proceso disciplinario y que podrá ser objeto de valoración durante el trámite.
El Plan Integral de Prevención constituye una herramienta mediante la cual las entidades territoriales identifican factores de riesgo, diseñan estrategias de prevención y coordinan acciones institucionales encaminadas a proteger los derechos humanos y prevenir posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario, de acuerdo con las competencias asignadas a los municipios.
Con la formulación del pliego de cargos, el proceso entra en una nueva fase en la que el exalcalde podrá ejercer plenamente su derecho de defensa, presentar descargos, aportar pruebas, solicitar las que considere pertinentes y controvertir el material probatorio antes de que la Procuraduría adopte una decisión de fondo. Por ahora, la actuación disciplinaria no constituye una sanción ni define la responsabilidad del exmandatario. Será el desarrollo del proceso el que determine si existió o no una falta disciplinaria y, en caso de comprobarse, las consecuencias legales correspondientes, siempre bajo los principios del debido proceso y la presunción de inocencia. La Procuraduría continuará con el trámite previsto en la ley antes de emitir un fallo definitivo sobre este caso.




