El decreto 0001 de 2026 tiene como objetivo central la revocatoria de las designaciones de «Gestores de Paz«.
La actual senadora y precandidata a la presidencia, Paloma Valencia, ha dado a conocer el borrador de lo que sería su primer acto administrativo en caso de asumir la jefatura de Estado en 2026.
El documento, titulado «DECRETO NÚMERO 0001 DE 2026», tiene como objetivo central la revocatoria de las designaciones de «Gestores de Paz» y la reactivación de las órdenes de captura contra miembros de estructuras armadas que actualmente gozan de beneficios judiciales bajo el marco de la política de «Paz Total»
El texto justifica esta medida señalando que la política de paz implementada por la administración anterior «ha generado graves cuestionamientos por parte de la opinión pública, las víctimas, la Rama Judicial y el Congreso de la República». Según el documento, el haber permitido la designación de «cabecillas de estructuras armadas organizadas al margen de la ley como ‘Gestores de Paz’» ha derivado en la suspensión de órdenes de captura y en situaciones de impunidad, lo cual, reza el decreto, «afecta de manera grave la seguridad ciudadana y el principio de legalidad«.
En su parte motiva, el decreto propuesto por Valencia cita de manera expresa la jurisprudencia de la Corte Constitucional, específicamente la sentencia C-525 de 2023. El documento resalta que, según el alto tribunal, «la suspensión de medidas de aseguramiento no es automática» y que corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces de control de garantías evaluar su procedencia, preservando así la «autonomía de la Rama Judicial»
Uno de los puntos más críticos expuestos en los considerandos del decreto es la denuncia de «incumplimientos sistemáticos por parte de los grupos armados en las mesas de diálogo». El texto menciona explícitamente la persistencia de «violaciones al Derecho Internacional Humanitario, extorsiones, reclutamiento de menores y actos de violencia». Estas circunstancias, según el documento de Valencia, hacen «inviable la continuidad de las negociaciones en los términos actuales».
El primer artículo del decreto establece la «Revocatoria de designaciones de Gestores de Paz«. De aplicarse, quedarían revocados todos los actos administrativos expedidos por el gobierno anterior que otorgaron beneficios en el marco de la Ley 2272 de 2022. El decreto es enfático al señalar que los beneficiarios «perderán de inmediato cualquier prerrogativa, suspensión de medidas o beneficio derivado de dicha designación».
Posteriormente, el artículo segundo ordena la revocatoria de toda solicitud de suspensión de órdenes de captura que se hubiera formulado ante la Fiscalía o cualquier autoridad judicial a favor de los exdesignados gestores o negociadores. Para asegurar la efectividad de esta medida, el Alto Comisionado para la Paz, el ministro de Justicia y el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) deberán solicitar formalmente la «reactivación inmediata y plena de las órdenes de captura y medidas de aseguramiento correspondientes».
El borrador del decreto también establece una directriz clara para la Fuerza Pública y los ministerios de Defensa y Justicia. El artículo tercero ordena que, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, se adelanten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del decreto. Esto incluye una coordinación directa con la Policía Nacional y la Fiscalía para la «ubicación y captura de las personas afectadas por la reactivación de órdenes de captura».
Finalmente, el documento fundamenta la necesidad de este cambio de política en la «obligación constitucional de garantizar el orden público» y el respeto a las víctimas. El texto propone priorizar el «sometimiento a la justicia con penas efectivas sobre procesos de negociación que no generen resultados concretos de desmovilización, desarme y reintegración verificables». El decreto entraría en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial, surtiendo efectos inmediatos sobre el panorama judicial de los actuales procesos de diálogo en el país.
