El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azín, decretó el estado de excepción en ocho provincias del país, debido a la «grave conmoción interna» ocasionada por las paralizaciones y protestas que han alterado el orden público y generado hechos de violencia. Las provincias afectadas son Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, Santo Domingo y otras.
La medida, establecida a través del Decreto Ejecutivo 134, tendrá una vigencia de 60 días y suspende el derecho a la libertad de reunión en los territorios señalados. Sin embargo, se aclara que la restricción no limita el derecho a la manifestación pacífica, siempre que no derive en actos violentos ni afecte los derechos del resto de la ciudadanía.
El objetivo principal del estado de excepción es frenar la radicalización de las protestas y garantizar la seguridad ciudadana, el libre tránsito y el desarrollo de actividades económicas. Para lograr esto, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional estarán facultadas para movilizarse y actuar de manera conjunta, con el fin de prevenir disturbios, proteger la vida e integridad de la población y evitar daños a bienes públicos y privados.
La situación se presenta en medio de una crisis en el sector de transporte de carga pesada en Ecuador, debido al incremento del costo del ACPM. Los transportadores ecuatorianos exigen la derogación del decreto que eliminó el subsidio al diésel y han anunciado posibles medidas de hecho, incluyendo el cierre del puente internacional de Rumichaca, principal paso fronterizo entre ambos países.
Un cierre del puente Rumichaca tendría un impacto significativo en la economía y la vida cotidiana de los habitantes de Nariño. La medida podría generar problemas económicos y logísticos en la región, por lo que se espera que las negociaciones entre el Gobierno ecuatoriano y los transportadores avancen para evitar mayores complicaciones en el paso fronterizo.