Crece la tensión en la Unidad Nacional de Protección
Un grupo de escoltas afiliados a sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) instaló un campamento permanente en las instalaciones de la entidad en Bogotá como medida de presión ante la incertidumbre que rodea su futuro laboral. Los trabajadores aseguran que miles de empleos podrían verse afectados por los procesos de reorganización administrativa y la creación de nuevos cargos dentro de la entidad.
La protesta comenzó en la madrugada del 21 de julio, cuando decenas de escoltas y contratistas levantaron carpas en la sede de la UNP y anunciaron que permanecerán allí hasta obtener respuestas concretas por parte de la administración.
Según los líderes sindicales, cerca de 250 personas participan directamente en el plantón, aunque la preocupación se extiende a miles de trabajadores en distintas regiones del país.
El temor por la continuidad de los contratos
El principal reclamo de los manifestantes está relacionado con la estabilidad laboral de los escoltas que actualmente prestan sus servicios mediante empresas privadas y esquemas de tercerización.
De acuerdo con los sindicatos, la UNP cuenta con aproximadamente 16.000 escoltas operativos distribuidos en varias zonas del país. Sin embargo, muchos de ellos aseguran desconocer si existen recursos suficientes para garantizar la continuidad de los contratos durante el segundo semestre de 2026.
Los trabajadores exigen que la entidad certifique la existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y de las partidas necesarias para mantener el funcionamiento de los esquemas de protección.
La preocupación no es menor, ya que la UNP tiene a su cargo la seguridad de líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, dirigentes políticos y otras personas en situación de riesgo.
La polémica por los nuevos cargos en la UNP
Otro de los puntos centrales de la protesta es la provisión de más de 6.000 nuevos cargos creados dentro de la entidad.
Los sindicatos han pedido que los procesos de selección sean transparentes y que los trabajadores que llevan años prestando sus servicios tengan la oportunidad de competir en igualdad de condiciones para acceder a esos empleos.
Los líderes sindicales sostienen que también existen inquietudes sobre cerca de 900 cargos administrativos destinados a técnicos, auxiliares y profesionales, pues aseguran que muchos contratistas acumulan entre cinco y diez años de experiencia sin que ello garantice su permanencia en la institución.
Además, algunas organizaciones han cuestionado las modificaciones realizadas en los requisitos de ingreso y han advertido sobre posibles riesgos para la seguridad y la calidad del servicio de protección.
La intervención de la Procuraduría
La situación llamó la atención de la Procuraduría General de la Nación, que realizó una visita a la UNP para revisar los procesos de contratación y la provisión de cargos.
El ente de control solicitó información relacionada con las modalidades de selección, los requisitos exigidos y los fundamentos jurídicos y presupuestales de las decisiones adoptadas por la entidad.
Entre los temas revisados también figura un contrato superior a los 78.000 millones de pesos destinado a la prestación del servicio de escoltas para personas protegidas en determinadas zonas del país.
La Procuraduría busca establecer si existen riesgos para la continuidad del programa de protección y verificar que los procesos administrativos se ajusten a los principios de transparencia y legalidad.
Gobierno y sindicatos mantienen diferencias
Mientras los sindicatos insisten en que la protesta busca defender la estabilidad laboral de miles de trabajadores, desde distintos sectores del Gobierno se ha advertido que el bloqueo de las instalaciones podría afectar un servicio considerado esencial para la protección de personas amenazadas.
Los líderes sindicales han reiterado que no pretenden suspender las labores de protección, sino obtener garantías frente al futuro de los escoltas y de los contratistas vinculados a la entidad.
De no alcanzarse acuerdos, los manifestantes han advertido que podrían mantener el campamento durante varias semanas, mientras continúan exigiendo una mesa de negociación con la administración de la UNP.
Un conflicto con impacto nacional
La crisis en la UNP ocurre en un momento especialmente sensible, debido a que la entidad es responsable de la seguridad de miles de personas que enfrentan amenazas en distintas regiones de Colombia.
Por ello, cualquier incertidumbre relacionada con la continuidad de los contratos, la provisión de cargos o la disponibilidad presupuestal genera preocupación no solo entre los trabajadores, sino también entre los beneficiarios de los esquemas de protección.
El desarrollo de las investigaciones de la Procuraduría y las eventuales mesas de diálogo serán determinantes para definir el futuro laboral de miles de escoltas y el funcionamiento de uno de los programas de protección más importantes del país.
