“Como si no hubiesen sido suficientes los despiadados hechos de violencia que desalmados guerrilleros de las Farc, provocaron en su tiempo a más de 900.000 familias de los departamentos de Nariño y Putumayo, la firma del Acuerdo de Paz es una verdadera ofensa para quienes hemos padecido los descarnados hechos de ese extinto grupo armado ilegal”.
Si lo reveló a DIARIO DEL SUR la lideresa social, defensora de los derechos humanos y desplazada por la violencia; Teresa Ortega al manifestar que el referido acuerdo le dio la espalda a quienes lloraron la pérdida de sus seres queridos o sufren por el desarraigo de sus propiedades.
“Esta es la realidad que vivimos los desplazados por la violencia, mientras que los victimarios siguen amparados bajo las sombras del Acuerdo de Paz. No es justo que las entidades encargadas de velar por nuestro bienestar emocional y económico se burlen también de nosotros”, indicó.
Mientras los excombatientes de esa extinta guerrilla ocupan importantes cargos en el Congreso de la República de Colombia o en otras entidades del Estado con exuberantes sueldos, quienes hemos sido víctimas del desplazamiento forzado no tenemos propiedades y sobrevivimos con lo que ganamos a través de precarias fuentes de trabajo.
“Es más, para solventar las necesidades más apremiantes de nuestros seres queridos a varios de los desplazados por la violencia nos ha tocado surgir por nuestros propios medios. Ante la indiferencia del Gobierno Nacional, en varias oportunidades hemos recurrido a los créditos bancarios”, manifestó.
Sin embargo, esas ganas por surgir y para no quedarse atascados por culpa de los violentos y la indiferencia del solapado Acuerdo de Paz, Teresa asegura que ‘la complicidad del Estado’, los ha llevado a la pérdida de los supuestos derechos que tienen como víctimas.
“Es decir, si uno como desplazado consigue un trabajo o solicita un préstamo, para la Unidad de Víctimas, uno es pudiente y no tiene derecho absolutamente a nada. Eso es injusto porque mientras los excombatientes que tanto daño hicieron a gente buena, trabajadora e inocente, sean ellos los que tienen todas las prebendas del Estado”, manifestó.
“Entonces, según dicha entidad uno no tiene derecho a estar bien presentado porque según su percepción, no necesita ayudas humanitarias, ni tampoco indemnizaciones. Tengo entendido que esos son derechos adquiridos y no tienen por qué negarlos”, dijo.
Discriminación estatal
” Conozco el caso de una madre desplazada por la violencia que residía en la ciudad de Pasto a quien el Estado nunca le brindó ayudas humanitarias y ante las precarias condiciones en las que vivía junto a sus hijos, terminaron de la peor manera. No es correcto que luego de sufrir los estragos de los verdugos, las víctimas sigamos padeciendo por omisión del mismo Estado colombiano”, expresó Sandra Rosero representante de la Asociación de Víctimas de la Violencia de Género y Desplazamiento Forzado.
A si mismo subrayó que mientras los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc disfrutan de todos los beneficios del Gobierno Nacional, quienes han sido víctimas de sus macabros y despiadados hechos de lesa humanidad no tengan derecho a nada.
Efímera ilusión
“Para todas las víctimas de la violencia, el Acuerdo de Paz fue una ilusión efímera porque todas las esperanzas e ilusiones que habíamos depositado en él, para recuperar parte de los derechos que nos arrebataron los violentos, se esfumaron”, expresó la lideresa social Fernanda Samaniego Rosero.
Además indicó que muchos nariñenses han sido revictimizados y para avanzar en los procesos de sanación y de restablecimiento de sus derechos, han adelantado acciones de manera individual.
“Frente a esas difíciles situaciones, no hemos tenido ayuda del Estado. Y como si la indiferencia de la Nación no fuera suficiente, notamos que a las víctimas del conflicto que no pertenecemos a los pueblos indígenas, ni afrodescendientes; no nos tienen en cuenta”, expresó.
Avances institucionales
Por su parte Alex Javier Gonzales subsecretario de paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño, afirmó que en el departamento hay más de 600.000 víctimas del conflicto armado.
A la vez dijo que antes de la firma del Acuerdo de Paz, existió la Ley de Víctimas y que de hecho la Ley 1448 del 2011 reconoció que en Colombia existía un conflicto armado interno que se venía presentando desde hace muchos años.
“Acuerdos de Paz en Colombia, se venían desarrollando desde los años 80 y se privilegió más a los victimarios que a las propias víctimas. Y es más, creo que esta es la primera ley en toda la historia del país que pone en el corazón del Acuerdo de Paz a favor de las víctimas del conflicto armado interno”, dijo.
Así mismo indicó que luego de la ley de víctimas en el 2016 se abrieron las puertas a un Acuerdo de Paz que dentro de sus núcleos centrales, también está el tema de las víctimas.
“En Colombia, es difícil avanzar en una reparación integral para más de 8 millones de víctimas, porque los limitados recursos económicos del Estado se vuelven insuficientes para reparar a todos los desplazados por la violencia”, explicó.
Incluso subrayó que el Proceso de Paz fortaleció la institucionalidad para la reparación de las víctimas y por eso dijo que la Unidad de Víctimas; la Unidad de Restitución de Tierras y el Centro de Memoria Histórica trabajan a favor de todas aquellas personas afectadas por la violencia.
“Para el caso del departamento de Nariño se han entregado más de 40 mil hectáreas de tierra para los resguardos indígenas del municipio de Barbacoas y pueblos afrodescendientes de la costa pacífica nariñense. El campesinado como sujeto de derechos también se está reparando y priorizando de manera individual a través de las indemnizaciones”, dijo.
Terrible situación
“La violencia que se vive en el departamento de Nariño es terrible y no es justo que a las víctimas del conflicto armado se las deje solas. Los desplazados por la violencia son padres y madres de familia que requieren el inmediato e incondicional apoyo del Gobierno Nacional y por eso es urgente que la Nación atienda todas sus necesidades sin distingo de nada”, expresó la dirigente social Liliana Villota. Al agregar que el Acuerdo de Paz se debe ejecutar a favor de quienes en la ciudad de Pasto y en otros municipios de Nariño, padecen por cuenta de la violencia.
Restablecer derechos
“No es justo que los desplazados por la violencia, ahora tengan que andar de oficina en oficina rogando por las distintas entidades estatales para que les restablezcan sus derechos. Las indemnizaciones y la recuperación de los predios que perdieron deben entregarse sin tanto contratiempo, porque son derechos adquiridos, lamentablemente a muchos desplazados le sieguen siendo vulnerados”, expresó la lideresa social Marleny Sánchez. A la vez calificó de absurdas las negativas determinaciones que suelen tomar para las entidades encargadas de esos procesos.
Incoherentes respuestas
“Como si perder la tranquilidad y abandonar sus tierras no fueran suficientes hechos como para estar tristes, las familias desplazadas son revictimizadas por el mismo Estado. Ante esa indiferencia del Gobierno Nacional, muchos padres y madres de familia han surgido completamente solos y cuando van a las entidades encargadas de restablecer sus derechos, salen más tristes porque son omitidos. “Es injusto que por haber buscado medios de auto sustento, porque el Estado nunca se hizo sentir con ellos, les digan que no tienen ningún derecho a las ayudas contempladas en la ley”, agregó.
