La preocupación crece y se siente con fuerza en el departamento de Nariño y, no es para menos. En efecto, cuando las elecciones presidenciales previstas para el 31 de mayo, están ya a pocas semanas, diversas comunidades viven bajo una sombra de incertidumbre provocada por el recrudecimiento del conflicto armado en varios municipios. La alarma no es infundada: los hechos recientes evidencian un deterioro del orden público que amenaza no solo la tranquilidad de los habitantes, sino también el ejercicio mismo de la democracia.
Uno de los casos más críticos es el de Cumbitara, donde desde finales de marzo se han intensificado los combates entre las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco, el grupo conocido como Comuneros del Sur y otras estructuras ilegales que disputan el control territorial. Esta confrontación ha derivado en el desplazamiento forzado de al menos 200 familias, que hoy enfrentan el drama de abandonar sus hogares en busca de seguridad. Se trata de una situación humanitaria que exige respuestas inmediatas y efectivas del Estado.
Pero Cumbitara no es un caso aislado. Municipios como Barbacoas, El Charco, Magüí Payán y Roberto Payán también han reportado situaciones similares, donde la presencia de grupos armados ilegales ha alterado la vida cotidiana, restringido la movilidad y sembrado temor entre la población civil. En estos territorios, históricamente golpeados por el abandono estatal, la violencia vuelve a imponerse como un obstáculo para el desarrollo y la participación ciudadana.
El contexto resulta especialmente delicado si se tiene en cuenta la cercanía de los comicios presidenciales. Las elecciones no solo representan un momento clave para el país, sino que son una oportunidad para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera libre y segura. Sin embargo, en muchas zonas de Nariño, ese derecho hoy parece amenazado por la intimidación, el miedo y la presencia de actores armados que podrían interferir en el normal desarrollo de la jornada electoral.
Ante este panorama, el clamor de las comunidades es claro y urgente: se requiere un refuerzo inmediato de la presencia de la Fuerza Pública en estas regiones. No se trata únicamente de aumentar el pie de fuerza, sino de garantizar condiciones reales de seguridad que permitan a la población retomar su cotidianidad y participar en el proceso democrático sin presiones ni riesgos. La seguridad, en este sentido, es una condición indispensable para la legitimidad electoral.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, ha manifestado su compromiso de fortalecer las acciones en el territorio. No obstante, más allá de los anuncios, lo que esperan las comunidades son resultados concretos y visibles.
Este es un momento decisivo para Nariño y para el país. Garantizar unas elecciones en paz no es solo una responsabilidad institucional, sino un deber moral con miles de ciudadanos que, pese a la adversidad, siguen creyendo en la democracia. Ignorar la gravedad de lo que ocurre en estos municipios sería un error que podría tener consecuencias profundas en la confianza ciudadana y en la estabilidad regional.
La paz territorial sigue siendo una tarea pendiente. Y hoy, más que nunca, su ausencia se hace evidente en los rostros de quienes han tenido que huir, en las comunidades que viven con miedo y en un proceso electoral que enfrenta serios desafíos. La respuesta del Estado no puede esperar, ante la cercanía de unos comicios de enorme transcendencia, en desarrollo de los cuales, se definirá el futuro del país.
