Por Carina Murcia Yela
Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
En América Latina y el Caribe, una de las herramientas de mayor impacto para cerrar las brechas en el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) es la administración y operación eficiente de los Fondos de Servicio Universal, encargados principalmente del diseño y la ejecución de proyectos orientados a expandir la conectividad y garantizar el acceso de la población.
No es casualidad que organismos internacionales como el Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) hayan advertido que el cierre de la brecha digital depende de la transformación y modernización de estos Fondos.
En Colombia, hablar de transformación digital no puede reducirse a infraestructura. Es, ante todo, una discusión sobre oportunidades, acceso, apropiación tecnológica y, especialmente, equidad. Ese es el propósito del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC), ser un instrumento al servicio de la inclusión y el desarrollo social.
En el marco de las Leyes 1341 de 2009 y 1978 de 2019, el FUTIC tiene como objeto financiar los planes, programas y proyectos orientados a facilitar el acceso y el servicio universal a las TIC para todos los habitantes del país. Asimismo, garantiza el fortalecimiento de la televisión pública, promueve contenidos multiplataforma de interés público y cultural, impulsa la apropiación social y productiva de las TIC, y apoya las actividades del Ministerio TIC y de la Agencia Nacional del Espectro, así como el fortalecimiento de sus capacidades administrativas, técnicas y operativas.
En los últimos años, entre 2023 a 2026, el FUTIC ha invertido 3,3 billones de pesos corrientes en proyectos de masificación de la conectividad y 931 mil millones de pesos corrientes en iniciativas orientadas a la transformación, la apropiación y el desarrollo de habilidades digitales de los colombianos. Esto demuestra que el FUTIC, más allá de ser un mecanismo financiero, es una herramienta estratégica para cerrar brechas y garantizar que la tecnología llegue a todos los territorios y comunidades.
Sin embargo, los desafíos persisten y no son menores. Colombia aún enfrenta brechas en conectividad, acceso y uso efectivo de las TIC. Por este motivo, y con el fin de asegurar la sostenibilidad financiera del FUTIC y garantizar que los recursos invertidos generen el mayor impacto y beneficio social posible, se ha identificado una gran oportunidad para potenciar el enfoque de gestión e inversión del Fondo, en línea con lo establecido en la reforma legal de 2019 sobre sus funciones y operación.
Primero, es indispensable una mayor focalización de la inversión hacia las zonas rurales, apartadas y de difícil acceso, priorizando a la población más vulnerable. La expansión de redes, infraestructura y servicios de telecomunicaciones debe ir de la mano con el fortalecimiento de la educación y las habilidades digitales para cerrar la brecha.
Segundo, es importante revisar las fuentes de financiación del Fondo para garantizar mecanismos estables y sostenibles. No podemos seguir dependiendo de ingresos sujetos a la volatilidad del sector TIC, como las contraprestaciones por el uso del espectro radioeléctrico. Esto no solo limita la planeación de largo plazo, sino que contradice el espíritu de la Ley 1978 de 2019, que estableció como principio la maximización del bienestar social por encima de la renta fiscal.
Tercero, es necesario revisar los gastos operativos y administrativos que hoy asume el FUTIC en virtud de mandatos normativos. Estos compromisos, si bien legales, están afectando su capacidad de gestión y reduciendo los recursos disponibles.
En consecuencia, avanzar en estas reformas, que deben impulsarse a nivel legal en el corto y mediano plazo, es dotar al FUTIC de herramientas más eficientes de administración y operación que permitirá consolidarlo como un actor central en la política pública de cierre de brechas digitales.
El FUTIC debe evolucionar para responder a los desafíos actuales, ampliar redes, asegurar el acceso y, sobre todo, fortalecer las capacidades digitales de los ciudadanos. Solo así será posible avanzar hacia un país más equidad, donde la tecnología sea un derecho y no un privilegio.
