La Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) consolidaron una alianza estratégica para facilitar el acceso a vivienda propia mediante el portafolio de bienes administrados por el Estado. Esta iniciativa comercial permite que los ciudadanos interesados en adquirir finca raíz compren casas, apartamentos, locales o bodegas que pasaron al poder público a través de procesos judiciales, embargos por deudas y liquidaciones. Por tal razón, el FNA diseñó un esquema de crédito hipotecario flexible que financia hasta el 90% del valor comercial de los inmuebles, reduciendo significativamente la cuota inicial que los compradores deben aportar. Asimismo, el programa busca dinamizar la venta de activos estatales y ofrecer alternativas habitacionales económicas a las familias trabajadoras en las diferentes regiones de Colombia.
El beneficio financiero cubre una amplia gama de opciones inmobiliarias dentro de las categorías de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda No VIS en todo el territorio nacional. Por esta causa, las dos entidades aclararon que las condiciones de postulación eliminan por completo el límite de antigüedad de las estructuras, posibilitando la compra de edificaciones construidas hace varios años. De igual manera, los solicitantes deben acreditar su afiliación vigente al Fondo Nacional del Ahorro, ya sea bajo la modalidad de cesantías o mediante el mecanismo de ahorro voluntario contractual. Por consiguiente, el rango de edad establecido para la radicación y aprobación de los préstamos hipotecarios abarca a ciudadanos con edades comprendidas entre los 18 y los 75 años.
El Fondo Nacional del Ahorro y la SAE habilitan créditos para comprar bienes rematados / Foto: Fuente: FNA – Cuenta Oficial de «X»
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La estructura del préstamo opera bajo los parámetros tradicionales del sector bancario, calculando los montos aprobados con base en la capacidad de endeudamiento y los ingresos mensuales demostrables del afiliado. Por esta razón, el FNA ofrece a los beneficiarios dos alternativas principales de amortización: líneas de crédito en pesos con cuotas fijas durante todo el periodo o sistemas basados en Unidades de Valor Real (UVR) indexadas a la inflación. Además, los plazos para el pago de la deuda oscilan entre los 5 y los 30 años, permitiendo que los usuarios ajusten sus obligaciones financieras a los presupuestos de sus hogares. Por esta vía, el sistema de vivienda pública compite favorablemente frente a las tasas de interés que manejan las corporaciones bancarias privadas en el mercado inmobiliario actual.
El portafolio digital de remates expone ofertas variadas con precios que arrancan desde los 38 millones de pesos, localizadas en zonas urbanas y rurales de alta demanda residencial. Por tal motivo, los usuarios del portal web oficial de la entidad pueden examinar alternativas específicas como casas de 55 metros cuadrados en el Huila por valores inferiores a los 39 millones de pesos o viviendas en Bogotá desde los 102 millones de pesos. De igual modo, la lista incluye apartamentos en zonas turísticas de Cartagena por 140 millones de pesos y amplias propiedades en Fusagasugá o Barranquilla que superan los 126 metros cuadrados de construcción. Estas opciones representan rebajas sustanciales frente a los precios del mercado tradicional de propiedad raíz, atrayendo a inversionistas y familias de medianos ingresos.
El Fondo Nacional del Ahorro y la SAE habilitan créditos para comprar bienes rematados
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Finalmente, la consolidación de este convenio institucional proyecta un impacto positivo en las metas de reducción del déficit habitacional del país durante el transcurso del año 2026. Mientras los asesores comerciales atienden las solicitudes en las oficinas físicas, las plataformas virtuales del FNA mantienen habilitado el enlace oficial de consulta para que la ciudadanía explore las características y ubicaciones exactas de los predios. De esta manera, el gobierno nacional articula la gestión de los bienes recuperados con las políticas de inclusión social y bancarización de la población con ingresos moderados. Los interesados en asegurar un cupo de crédito deben recopilar la documentación de su estado de cuenta y acercarse a los canales autorizados para iniciar el respectivo estudio técnico de títulos.
