«La búsqueda de acuerdos con los grupos armados no puede traducirse en el debilitamiento de la capacidad institucional para proteger a las regiones y garantizar la seguridad de los ciudadanos.»
Por Carlos Eduardo Lagos Campos
La paz constituye uno de los fines esenciales del Estado y ningún gobierno puede ser cuestionado por intentar alcanzarla mediante el diálogo. Sin embargo, ese propósito encuentra un límite constitucional ineludible: la obligación de proteger la vida, la soberanía y la seguridad de los ciudadanos mientras las negociaciones avanzan.
Ese es el principal debate que deja la denominada Paz Total al concluir el gobierno de Gustavo Petro.
Para regiones como Nariño, Putumayo y Cauca, esta discusión trasciende la política. Allí la paz no se mide por el número de mesas instaladas ni por los comunicados oficiales, sino por la disminución de la violencia, la recuperación del control territorial y la presencia efectiva del Estado.
El balance obliga a una evaluación desapasionada. Durante estos cuatro años, distintas organizaciones armadas fortalecieron su presencia en corredores estratégicos asociados al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Ningún fenómeno de esta naturaleza puede atribuirse a una sola causa, pero tampoco resulta razonable excluir del análisis la principal política de seguridad del Gobierno.
Las recientes revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol aportaron nuevos elementos. Las grabaciones conocidas muestran conversaciones entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y representantes del Clan del Golfo durante los primeros acercamientos. Posteriormente, la investigación señaló que, con base en cifras oficiales del Ministerio de Defensa, durante los dos primeros años del Gobierno no se realizaron bombardeos contra esa organización. Paralelamente, otras publicaciones periodísticas informaron que organismos de inteligencia habrían advertido sobre los riesgos operacionales derivados de algunas decisiones adoptadas dentro de la Paz Total.
Estos hechos no constituyen, por sí mismos, una conclusión jurídica. Corresponderá a las autoridades competentes establecer si existieron responsabilidades; pero sí plantean una pregunta de enorme importancia institucional: ¿hasta dónde puede flexibilizarse la acción del Gobierno sin afectar la capacidad del Estado para proteger a las comunidades?
Negociar no significa renunciar a la autoridad. La experiencia internacional demuestra que los procesos de paz más sólidos son aquellos en los que el Estado mantiene el control territorial mientras dialoga. Cuando ocurre lo contrario, la población termina soportando los costos de una institucionalidad debilitada.
Las regiones necesitan una paz efectiva, capaz de garantizar seguridad, inversión y desarrollo. Esa será, probablemente, la principal lección para las futuras políticas de paz: los acuerdos solo serán sostenibles si fortalecen la presencia institucional y generan confianza entre los ciudadanos. La paz no puede construirse debilitando la autoridad legítima del Estado mediante purgas selectivas de altos oficiales, suspensión de operaciones y desvio de la inteligencia militar; porque son precisamente las regiones las primeras en sufrir las consecuencias.
