Hoy terminará el proceso donde 12 militares reconocen ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP el haber participado en asesinatos y desapariciones en el marco de los llamados ‘falsos positivos’, en diligencia que se cumple en Valledupar.
A la audiencia de reconocimiento fueron convocados miembros del Ejército que fueron declarados responsables por su participación determinante en el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira e hicieron parte del Batallón La Popa entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.
En total fueron imputados 15 militares, pero tres no reconocieron su responsabilidad por crímenes de guerra y lesa humanidad por el asesinato y desaparición forzadas que fueron ilegítimamente presentados como guerrilleros muertos en combate.
Ellos fueron el coronel retirado Publio Hernán Mejía; el coronel retirado Juan Carlos Figueroa y el mayor José Pastor Ruiz Mahecha.
Mejía fue comandante del Batallón La Popa entre 2002 y 2003, tiempo en el cual se habrían perpetrado 75 de los crímenes.
Figueroa Suárez, sucedió a Mejía en 2004 y permaneció como comandante de dicha unidad militar hasta 2005. Según la JEP, Figueroa Suárez tiene responsabilidad en 52 casos de ‘falsos positivos’.
Otros responsables
Los otros que deberán responder por los ‘falsos positivos’ son los mayores, Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez Naranjo; el teniente Carlos Andrés Lora Cabrales, el subteniente Eduar Gustavo Álvarez Mejía, el subteniente Elkin Leonardo Burgos, el sargento primero Efraín Andrade Perea, el sargento primero Manuel Valentín Padilla Espitia, el sargento viceprimero José de Jesús Rueda, el cabo tercero Elkin Rojas y los soldados Juan Carlos Soto Sepúlveda, Yeris Andrés Gómez Coronel y Alex José Mercado Sierra.
Organización criminal
Según la JEP, estos militares hacían parte de una organización criminal conformada en el corazón del batallón La Popa que, con el apoyo de paramilitares, presentaron resultados operacionales ficticios en el departamento del Cesar y el sur de la Guajira.
“Actuaron, además, con pleno conocimiento de su ilegalidad pues encubrieron sus actos para hacerlos ver como legales, separándose de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares con el fin de mejorar la percepción de seguridad y mostrar avances en la guerra contra la insurgencia”, explicó la JEP.
Ellos conformaron una alianza entre la comandancia del batallón y los paramilitares del Frente Mártires del Cacique de Upar, del Bloque Norte de las AUC.
Cuatro modos operandi
La JEP estableció que se caracterizaron cuatro modus operandi:
1) Las víctimas eran entregadas por las AUC a efectivos del batallón luego de haber sido retenidas. Algunos de los crímenes fueron cometidos directamente por paramilitares.
2) Las víctimas fueron asesinadas tras ser señaladas, por guías o informantes, de pertenecer o auxiliar a la guerrilla.
3) Las víctimas fueron asesinadas luego de ser señaladas por integrantes de la comunidad o aprehendidas en la ejecución de hechos que podrían resultar delictivos y
4) Las víctimas eran guerrilleros heridos o miembros de grupos armados que se entregaron a integrantes del batallón.
La JEP también identificó que los reconocimientos y beneficios como permisos, viajes, descansos y pagos en dinero, acompañados de una permanente presión por bajas, fueron usados por la comandancia del batallón, particularmente desde la llegada a la unidad del coronel Figueroa.