Las Fuerzas Militares han identificado a ocho miembros de la estructura disidente de las FARC, Carlos Patiño, que estarían organizando una nueva asonada contra la Fuerza Pública en el Cañón del Micay, Cauca. Este grupo, que no mantiene diálogos con el gobierno del presidente Gustavo Petro, ya fue responsable del secuestro de 28 policías y un militar entre el 6 y el 8 de marzo en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia.
Los cabecillas detrás del plan
El principal señalado es Anderson Andrey Vargas Suns, alias ‘Kevin’, con una trayectoria criminal en Argelia, El Tambo y Patía, zonas clave en el cultivo ilícito de coca. Bajo su mando operan alias ‘Rayo’, segundo cabecilla de la estructura; alias ‘Tabares’ y alias ‘Giovanny Armero’, cabecillas de comisión; y alias ‘Edwar Ramírez’, líder de la compañía Samanta Gómez, quien coordina la presión sobre la población civil.
Otros miembros clave incluyen alias ‘Zamora’, ‘Farley’ y ‘Nelson’ o ‘Gafas’. Este último es considerado un cabecilla pseudopolítico, mientras que ‘Farley’ pertenece a la compañía Jaison Cardona y ‘Zamora’ a la compañía Fardey Díaz, operando en El Plateado y las veredas San Juan de Mechengue y Honduras.
Manipulación de la población y control del narcotráfico
Las Fuerzas Militares señalan que este grupo organiza a la población local para que enfrente a las tropas con el fin de forzar su retiro y retomar el control territorial. Alias ‘Giovanny Armero’ lidera estas acciones desde Huisito, Honduras y La Hacienda, mientras ‘Edwar Ramírez’ actúa como enlace con las comunidades.
El Ejército ha identificado que los disidentes concentran a cerca de mil personas en puntos estratégicos, como La Ceiba, El Basurero y el centro poblado de El Plateado, donde se acondicionaba una estación de Policía. Estas reuniones tienen como objetivo planificar nuevos ataques contra la Fuerza Pública y proteger los enclaves cocaleros.
Tensión creciente en la región
El 9 de marzo, el Ministerio del Interior reportó nuevos ataques contra militares y policías en El Plateado, incluyendo incendios en instalaciones donde operaban los uniformados. “Lamentamos que los acuerdos establecidos con la Defensoría del Pueblo y la MAPP/OEA hayan sido violados y nuevamente se agreda a la Fuerza Pública”, indicó el ministerio en un comunicado.
Pedro Sánchez, nuevo ministro de Defensa, condenó los hechos y recordó que solo las autoridades legítimas pueden realizar detenciones. “Nadie puede retener a un servidor público o a otra persona; quien lo haga simplemente está violando la ley”, afirmó.
El control territorial y el narcotráfico siguen siendo los motores de la violencia en el Cañón del Micay. Las Fuerzas Militares mantienen operativos en la zona para contrarrestar las acciones de los disidentes y evitar una nueva crisis de seguridad.