La Defensoría del Pueblo y la Naturaleza de Colombia pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impulsar respuestas que reconozcan las particularidades de los pueblos indígenas divididos por fronteras como sujetos colectivos de derechos y garanticen su movilidad tradicional, registro civil, documentación, nacionalidad, salud, educación, acceso al territorio y autonomía.
El tema de la audiencia regional de oficio fue la situación de los pueblos indígenas transfronterizos, en el marco del 196.º Periodo de Sesiones de la CIDH. El espacio, realizada en Washington, capital de Estados Unidos, fue convocado para conocer los obstáculos que enfrentan estos pueblos en América y recoger insumos para la elaboración de un informe especializado.
Durante su intervención, la Defensoría advirtió que el marco normativo y la respuesta institucional de Colombia aún no reconocen las particularidades de pueblos cuyos territorios, vínculos colectivos, autoridades y prácticas tradicionales de movilidad se ven afectadas por las fronteras estatales.
Esta realidad perjudica, entre otros, a los pueblos Yukpa, Awá, U’wa, Amorúa, Sikuani y Sáliba, expuestos a frecuentes desplazamientos forzados y a la vulneración de derechos, movilidad climática y dificultades para conservar sus propias instituciones y autoridades. En algunos casos, las barreras para la expedición del registro civil de niñas y niños nacidos con el acompañamiento de parteras tradicionales conllevan violaciones al derecho a tener una nacionalidad y aumentan el riesgo de apatridia.
Aunque Colombia garantiza el acceso a los derechos a la salud y a la educación de los pueblos indígenas transfronterizos que cuentan con nacionalidad colombiana o con un estatus migratorio regular, una parte importante de estas comunidades no reúne tales requisitos, pues su forma de habitar el territorio responde a dinámicas ancestrales de movilidad y no a las categorías estatales de nacionalidad o migración.
Como resultado, el marco jurídico y administrativo vigente no reconoce adecuadamente esta realidad, lo cual dificulta el reconocimiento y la identificación de sus integrantes, tanto en su dimensión individual como colectiva, y termina excluyéndolos, en la práctica, del acceso efectivo a los sistemas de salud y educación.
La Defensoría explicó ante la CIDH que desde 2020 les hace seguimiento a estas poblaciones mediante su Sistema de Alertas Tempranas (SAT) y a través de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Las afectaciones documentadas se han visto agravadas por la persistencia conflicto armado, la desigualdad territorial, la débil coordinación institucional y las dinámicas de movilidad asociadas al cambio climático.
Igualmente, solicitó recomendar al Estado de Colombia reconocer a estos pueblos como sujetos colectivos de derechos y adoptar medidas que reconozcan sus formas propias y garanticen el acceso a registro civil, documentación, nacionalidad, salud, educación, titulación territorial, autonomía y movilidad, construidas con sus autoridades propias y respetuosas de su diversidad étnica.
También pidió adoptar mecanismos de aseguramiento universal y permanente en salud en todos los departamentos de frontera, y garantizar el acceso efectivo a la educación con posibilidad de obtener certificados o diplomas para niñas, niños y jóvenes.
Asimismo, solicitó ejecutar los compromisos asumidos con la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y su Mesa Accidental de Fronteras e incorporarlos al Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.
Recomendó, adicionalmente, a la CIDH mantener el monitoreo e incluir en su análisis a las comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras de frontera, y recoger en su informe los estándares interamericanos aplicables.
La entidad insiste en tres frentes de acción urgentes para el Estado colombiano: la necesidad de adoptar un mecanismo diferenciado para los pueblos indígenas en movilidad transfronteriza, que reconozca su forma tradicional de ingreso al territorio.
En salud, un mecanismo de aseguramiento flexible e integral para la población en situación transfronteriza, y en educación incorporar la desagregación étnica en el sistema de matrícula, de forma que el Estado pueda dimensionar y hacer seguimiento a esta situación.
Para ello, es necesario una respuesta coordinada e interinstitucional entre los Estados y entidades, y avanzar en acuerdos bilaterales.
