La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la situación de seguridad que enfrentan varias comunidades rurales de Nariño, donde se han registrado enfrentamientos entre grupos armados, ataques con explosivos e incendios que estarían afectando viviendas, cultivos y territorios utilizados por las comunidades campesinas.
Los hechos se concentran principalmente en las veredas La Cocha, Parapetos, Bella Flor, Tambillo de Bravos y El Estanque, en Linares, así como en Arenal y Villanueva, en el municipio de Los Andes.
Según la entidad, en estas zonas tienen presencia estructuras como el Frente Comuneros del Sur, las Autodefensas Unidas de Nariño y las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco.
Piden proteger a la población civil
Ante la gravedad de los enfrentamientos, la Defensoría hizo un llamado a los grupos armados para que mantengan a la población civil al margen de las hostilidades y permitan el ingreso de las instituciones encargadas de atender la emergencia.
La entidad pidió garantizar el acceso de bomberos, personal médico, organismos de socorro y organizaciones humanitarias, con el fin de que puedan realizar labores de evacuación, atención y asistencia sin restricciones.
Otro de los riesgos identificados está relacionado con la posible presencia de artefactos explosivos y municiones sin explotar. Por ello, la Defensoría solicitó adoptar medidas que permitan proteger a las misiones humanitarias y suministrar información que ayude a identificar estos elementos.
Incendios generan preocupación en Linares
A los enfrentamientos se suma la propagación de incendios en diferentes sectores rurales de Linares. De acuerdo con la Defensoría, las llamas han alcanzado cultivos, zonas de montaña y áreas de importancia para las comunidades campesinas.
La situación representa una amenaza no solo para la integridad de los habitantes, sino también para la seguridad alimentaria y el medio ambiente de la región.
Por esta razón, el organismo pidió que no se obstaculicen las labores de emergencia y que se facilite el trabajo de quienes participan en las operaciones de evacuación, atención y protección de las comunidades.
Solicitan mayor coordinación de las autoridades
La Defensoría también hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y municipales para fortalecer la coordinación institucional y adoptar medidas que permitan atender la emergencia y prevenir nuevas afectaciones.
La entidad advirtió que las comunidades enfrentan riesgos asociados al desplazamiento forzado y a otras consecuencias derivadas de la confrontación armada.
Finalmente, recordó que el Derecho Internacional Humanitario establece la obligación de proteger a la población civil y facilitar las acciones humanitarias durante los conflictos armados.
La Defensoría insistió en que la protección de la vida y la dignidad de las comunidades debe ser prioritaria mientras las autoridades avanzan en la atención de la emergencia en estas zonas de Nariño.
