El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ordenó este domingo 23 de agosto una respuesta coordinada de las autoridades frente al presunto robo de combustibles y crudo en diferentes puntos del país. El mandatario pidió una operación conjunta que involucre a las Fuerzas Militares, la Policía, Ecopetrol, la Fiscalía y otras entidades competentes.
A través de sus redes sociales, De La Espriella expresó su preocupación por la magnitud del fenómeno y dirigió la instrucción al ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora; al comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez; y al director de la Policía Nacional, general Jesús Alejandro Barrera.
Según la información presentada por el jefe de Estado, cada mes se estarían desviando aproximadamente 123.700 barriles de productos refinados, entre ellos gasolina, diésel y nafta, provenientes de importaciones o de la producción de Ecopetrol.
El mandatario señaló que uno de los puntos afectados sería el poliducto de 14 pulgadas que comunica Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país. De acuerdo con su denuncia, los departamentos de Cesar y Magdalena concentrarían una parte importante de las pérdidas.
De mantenerse este nivel de sustracción, el volumen anual superaría los 1,5 millones de barriles. Esto representaría pérdidas superiores a los $500.000 millones para Ecopetrol y, en consecuencia, para las finanzas de la Nación.
Combustible estaría llegando al narcotráfico
El presidente advirtió que la problemática tendría una dimensión adicional debido al posible uso de los combustibles sustraídos como insumos para el procesamiento ilegal de cocaína.
Por esa razón, solicitó establecer cuánto del producto robado estaría terminando en las redes del narcotráfico, además de identificar a las organizaciones responsables de financiar, adquirir, movilizar y distribuir estos recursos.
De La Espriella insistió en que la respuesta de las autoridades no debe limitarse a capturar a las personas encargadas de realizar las perforaciones en los ductos. Su objetivo es que las investigaciones permitan identificar y afectar a todos los integrantes de la estructura criminal.
“Hay que desmantelar toda la cadena: quién financia, quién hurta, quién almacena, quién transporta, quién escolta, quién compra y quién comercializa”, manifestó el mandatario.
Piden inteligencia, judicialización y extinción de dominio
El jefe de Estado pidió al ministro de Defensa asumir directamente la coordinación de la operación y entregar informes periódicos sobre los avances.
La estrategia, según la instrucción presidencial, deberá combinar labores de inteligencia, control territorial, operaciones sostenidas y procesos de judicialización. También planteó aplicar medidas de extinción de dominio sobre vehículos, predios, depósitos y otros bienes utilizados en las actividades relacionadas con el robo de combustibles.
De La Espriella sostuvo que la lucha contra esta práctica debe abordarse como una estructura de economía criminal y no únicamente como una serie de delitos aislados.
“Esto tiene que acabarse. Cada barril robado es patrimonio de los colombianos”, afirmó el presidente, quien además advirtió que, si los recursos obtenidos mediante el hurto terminan financiando la producción de cocaína, se estaría fortaleciendo una economía ilegal con patrimonio sustraído al Estado.
El mandatario concluyó que las autoridades deberán concentrar sus esfuerzos en identificar a los responsables y afectar las estructuras que se benefician de esta actividad.