El Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó el decreto de emergencia económica, social y ecológica para enfrentar las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. La medida tendrá una vigencia inicial de 30 días y busca acelerar la atención a las víctimas y la reconstrucción de las zonas afectadas.
La declaratoria permitirá al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a enfrentar la emergencia y evitar que sus efectos se extiendan. El Gobierno argumentó que los mecanismos ordinarios no son suficientes para responder a la magnitud de la tragedia, debido a la situación fiscal que atraviesa el país.
El decreto contempla acciones para atender a las familias damnificadas y avanzar en la recuperación de viviendas, establecimientos comerciales e infraestructura pública esencial, entre ella colegios, hospitales, vías y otros servicios necesarios para las comunidades afectadas.
La emergencia cobija inicialmente a 15 departamentos: Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre. También podría extenderse a otros municipios cuando se demuestre una afectación directa relacionada con el terremoto y sus réplicas.
Uno de los principales argumentos del Gobierno es la difícil situación de las finanzas públicas. De la Espriella señaló que el alto nivel de endeudamiento y la falta de recursos disponibles limitan la capacidad del Estado para responder a la emergencia mediante los procedimientos habituales. Por esta razón, la declaratoria busca ampliar temporalmente las herramientas fiscales y presupuestales.
Además, el mandatario anunció una revisión del gasto público para identificar programas considerados no prioritarios y redireccionar recursos hacia la atención de la tragedia. El Gobierno aseguró que estos ajustes no deberán afectar a las poblaciones más vulnerables.
La medida deberá ser revisada por la Corte Constitucional, mientras el Ejecutivo tendrá que presentar ante el Congreso los informes correspondientes sobre la declaratoria. La emergencia representa el primer gran desafío del nuevo Gobierno frente a una tragedia que ha dejado cientos de víctimas y cuantiosos daños materiales.
