La Corte Suprema de Justicia respaldó la decisión de la fiscal general Luz Adriana Camargo de no suspender, por ahora, las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
La decisión surge en medio de los diálogos que adelanta el Gobierno nacional dentro de la política de “Paz Total”, luego de que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz solicitara levantar dichas órdenes para facilitar el traslado de varios cabecillas hacia las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).
A través de un comunicado, la Corte señaló que cualquier medida relacionada con estos procesos debe estar respaldada por información “suficiente y verificable” sobre el cumplimiento de los requisitos legales y los avances reales del proceso de paz.
El alto tribunal también advirtió sobre la necesidad de respetar los compromisos internacionales de Colombia en materia de cooperación judicial, especialmente en casos relacionados con solicitudes de extradición.
Uno de los nombres incluidos en la lista es el de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, máximo jefe del Clan del Golfo y requerido en extradición por Estados Unidos.
La Fiscalía indicó que las órdenes de captura no serán suspendidas automáticamente antes del 25 de junio de 2026, fecha prevista para el inicio de las Zonas de Ubicación Temporal. Además, explicó que primero deberá verificarse la identidad, situación judicial y presunta pertenencia al grupo armado de cada uno de los integrantes incluidos en el listado.
El ente acusador también pidió evidencias concretas sobre avances en aspectos como la entrega de menores reclutados, la ubicación de personas desaparecidas, el cese de hostilidades, la entrega de armas y el desmantelamiento de economías ilegales.
La decisión de la Corte representa un respaldo institucional a la postura de la Fiscalía y marca nuevas tensiones dentro del proceso de negociación que impulsa el Gobierno con estructuras armadas ilegales.
