Exalcade de Tunja Mikhail Krasnov/ Foto: archivo particular
La Contraloría Municipal de Tunja abrió formalmente el Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinario No. 001-2026 contra el destituido alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, por presuntas irregularidades relacionadas con contratos de arrendamiento suscritos para el funcionamiento de dependencias de la administración municipal durante las vigencias 2024 y 2025.

De acuerdo con el auto de apertura emitido por el organismo de control, la investigación busca establecer si existió un posible detrimento patrimonial derivado de incrementos considerados injustificados en los cánones de arrendamiento pactados en algunos contratos celebrados por la Alcaldía. En particular, la Contraloría centra su análisis en los contratos No. 372 y No. 515 de 2025, los cuales habrían presentado aumentos superiores a los registrados en otros inmuebles arrendados por la entidad.
Según los hallazgos preliminares de la auditoría fiscal, mientras la mayoría de contratos de arrendamiento de la administración municipal registraron incrementos promedio cercanos al 9,58%, en los contratos cuestionados se habrían aprobado aumentos significativamente más altos, sin que existieran mejoras físicas en los inmuebles, adecuaciones especiales o estudios técnicos y jurídicos suficientes que respaldaran dichos ajustes económicos.
La Contraloría señaló además que el presunto daño al patrimonio público fue estimado inicialmente en $6.360.650, cifra correspondiente al excedente pagado por la administración municipal hasta el 31 de mayo de 2025. Sin embargo, el monto podría variar conforme avance el proceso y se practiquen nuevas pruebas documentales y testimoniales.
Dentro del proceso también fueron vinculadas dos exfuncionarias de la administración Krasnov. Se trata de Ahiliz Rojas Rincón, quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretaria del Interior y Seguridad Territorial y tenía bajo su responsabilidad la elaboración de los estudios previos de contratación. Igualmente, fue vinculada Luz Mila Acevedo Galán, entonces directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal.
La Contraloría Municipal informó que la apertura del proceso fue notificada mediante aviso público el pasado 28 de abril de 2026. Con esta actuación inició oficialmente la etapa de recolección de pruebas, revisión contractual y citación de los implicados para rendir versión libre dentro del proceso de responsabilidad fiscal que busca determinar posibles responsabilidades sobre el manejo de recursos públicos en Tunja.




