El escándalo por el contrabando Lili Pink sacudió al comercio colombiano tras los recientes operativos de la Fiscalía General de la Nación, que revelaron detalles de una presunta red de contrabando, lavado de activos y uso de empresas fachada vinculada a esta reconocida marca de ropa interior femenina.
Las investigaciones, que se desarrollan desde hace varios años, apuntan a un entramado empresarial que habría permitido el ingreso irregular de mercancía extranjera —principalmente textiles provenientes de Asia—, así como la legalización de recursos ilícitos mediante complejos mecanismos financieros.
Un esquema basado en empresas falsas
De acuerdo con la Fiscalía, el corazón del caso estaría en la creación y uso de empresas de papel o fachada, que simulaban operaciones comerciales legales. Estas compañías habrían servido para:
- Justificar importaciones con documentación aparentemente legal
- Dar apariencia de legalidad a mercancía ingresada sin cumplir normas aduaneras
- Inflar costos y movimientos financieros para encubrir dinero ilícito
Según las autoridades, estas empresas permitían “lavar” el dinero al integrarlo al sistema económico formal bajo operaciones simuladas.
Ropa extranjera vendida como producto nacional
Uno de los puntos más sensibles del caso es que parte de la mercancía comercializada no sería de origen colombiano, como se presume en el mercado, sino ropa importada —principalmente desde China— ingresada de forma irregular o subfacturada.
Las autoridades detectaron que el esquema incluía importaciones con valores alterados o rutas sospechosas, lo que facilitaba pagar menos impuestos o evadir controles aduaneros.
Esto no solo afecta la competencia del sector textil nacional, sino que también impacta las finanzas públicas al reducir el recaudo tributario.
Facturas falsas y devoluciones de IVA
Otro mecanismo clave del presunto entramado consistía en la simulación de operaciones comerciales mediante facturación falsa.
La investigación reveló que algunas empresas reportaban compras inexistentes con IVA incluido. Posteriormente, solicitaban devoluciones de ese impuesto al Estado, alegando que había sido pagado en la cadena productiva.
En realidad, dichas operaciones no existían, lo que habría permitido:
- Obtener recursos públicos de forma indebida
- Dar soporte contable a mercancía de contrabando
- Inflar gastos para justificar movimientos financieros
Este sistema fue detectado inicialmente por alertas internas de la DIAN, que identificaron inconsistencias en los datos tributarios.
Operativo nacional y millonarias cifras
El caso tomó fuerza tras un megaoperativo ejecutado en abril de 2026 en todo el país. Las autoridades realizaron allanamientos y medidas de extinción de dominio en:
- Más de 400 locales comerciales
- 40 inmuebles
- 8 vehículos
- Una sociedad vinculada
En total, se investiga un presunto lavado de activos cercano a los $730.000 millones y enriquecimiento ilícito por más de $430.000 millones.
Las acciones se desplegaron en decenas de ciudades, reflejando la magnitud del supuesto entramado criminal.
La respuesta de la empresa
La compañía vinculada a la marca, perteneciente al grupo Fast Moda S.A.S., aseguró que está colaborando con las autoridades y que el proceso se encuentra en etapa investigativa.
Además, pidió garantías para sus trabajadores y la continuidad de las operaciones mientras se esclarecen los hechos.
Por ahora, las tiendas continúan funcionando bajo control judicial, mientras avanzan las investigaciones.
Un caso que impacta al comercio colombiano
El caso de contrabando Lili Pink pone sobre la mesa problemáticas estructurales del comercio en Colombia:
- Competencia desleal frente a la industria nacional
- Uso de estructuras empresariales para fines ilícitos
- Debilidades en controles aduaneros y tributarios
También evidencia cómo redes complejas pueden operar durante años bajo apariencia legal, afectando tanto al Estado como a los consumidores.
