El Consejo de Estado suspendió de forma provisional el decreto con el que el presidente Gustavo Petro pretendía convocar a una consulta popular el próximo 7 de agosto, una medida que buscaba que los ciudadanos se pronunciaran sobre temas laborales tras el hundimiento inicial de su reforma en el Congreso.
La Sección Quinta del alto tribunal admitió una de las múltiples demandas contra el decreto presidencial y concluyó que este fue expedido sin el aval previo del Senado, como exige el artículo 104 de la Constitución para este tipo de convocatorias.
Con esta decisión, se frena por ahora cualquier intención del Ejecutivo de llevar a las urnas una serie de preguntas propuestas por el Gobierno. La suspensión, aunque no es definitiva, sí marca un fuerte revés para la Casa de Nariño.
Tensión entre poderes: ¿extralimitación presidencial?
La determinación del Consejo de Estado favorece a varios senadores de oposición —del Partido Conservador, Cambio Radical y Colombia Justa Libres— quienes consideran que Petro se extralimitó en sus funciones al emitir el decreto luego de que el Senado negara el mecanismo de consulta popular.
Entre los demandantes se encuentra Efraín Cepeda, presidente del Senado, a quien el mandatario acusa de viciar la votación y cometer fraude. No obstante, el tribunal más alto en lo contencioso administrativo no comparte esa interpretación del Ejecutivo.
Petro responde: «La discusión ya no es jurídica»
A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente minimizó la decisión:
“Ni el Consejo de Estado puede determinar inconstitucionalidad, ni necesito cambiar asesores, porque tampoco ha dicho ilegalidad. Solo una sala ha suspendido transitoriamente mi decreto que entregué fue a la Corte Constitucional”.
Petro considera que el futuro de su decreto no depende del fallo judicial, sino del proceso de conciliación legislativa que definiría si su reforma laboral, revivida recientemente, logra pasar a sanción presidencial. La conciliación debe producirse antes del viernes 21 de junio, de lo contrario, el proyecto naufragará.
La reforma laboral revive, pero sin consulta
La consulta popular había sido el plan alternativo del Gobierno tras el hundimiento inicial de la reforma laboral en marzo. Sin embargo, el Congreso revivió el proyecto y, tras su aprobación en Senado y Cámara, solo le resta la conciliación final. Petro sugiere que si el Legislativo aprueba la reforma, el decreto ya no será necesario.
Oposición celebra y arremete contra Montealegre
La decisión judicial también representa un golpe para Eduardo Montealegre, exfiscal general y actual ministro de Justicia, quien asumió como defensor del decreto y fue clave en su redacción. La senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) calificó el fallo como “lo obvio en un Estado social de derecho” y acusó al Gobierno de “usurpar funciones judiciales”.
En tanto, desde la oposición hubo celebraciones. El senador Mauricio Giraldo (Conservador) afirmó que la medida demuestra que “las instituciones no están al servicio del Gobierno, sino del orden constitucional”.
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal (Centro Democrático) también reaccionó:
“Extraordinaria noticia. Es deber de las altas Cortes defender el Estado de derecho frente a la amenaza golpista de Gustavo Petro”.
Registrador, en el ojo del huracán
Un día antes del fallo, el registrador nacional, Hernán Penagos, ya había advertido que no podía convocar a las urnas mientras el decreto estuviera bajo estudio judicial. Informó que solo ante el Consejo de Estado se habían radicado más de 140 demandas: 10 por nulidad simple, 34 por inconstitucionalidad y 97 tutelas.
Esa posición no fue bien recibida por el presidente, quien acusó a Penagos de “sedición” y de participar en un “golpe institucional”. Incluso amenazó con demandarlo si no permite avanzar con el proceso electoral de la consulta.