Duele y taladra hasta la médula la muerte hace unos días tanto del niño Daniel Steven Duque como de la niña Ivanna Salomé Rangel Molina, tras el atentado terrorista perpetrado por las disidencias de las Farc a un CAI en el sur de Bogotá.
Y frente a ello no queda sino lanzar un suspiro al aire, dado a que en Colombia sus instituciones han perdido fuerza y vitalidad para brindar una adecuada protección social a sus habitantes.
Durante los últimos años nos hemos acostumbrado a observar sin estupor alguno, como los campos y ciudades siguen tiñéndose de color púrpura, el cual es el color de la violencia que nuestros antepasados nos legaron como una maldición. Y la que se encarga con la rapidez que caracteriza al viento de segar la alegría del niño, los sueños del joven, la esperanza del adulto y los recuerdos del anciano.
Vivimos entre dos Estados, es decir, el de Derecho y el de Hecho que coexisten en un mismo territorio. Y mientras sus defensores continúan obstinados a consolidar sus intereses, millares de inocentes seres humanos caen víctimas de sus acciones.
Poco a poco al Estado de Hecho le ha ido ganando la batalla a un Estado Social de Derecho que tiene como finalidad cumplir determinados principios que constituyen su justificación. Es decir, la búsqueda del bien común o la satisfacción de las aspiraciones e intereses colectivos.
Para narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, entre otros grupos delincuenciales, la justicia se consigue con dinero mal trabajado, con metrallas y fusiles. Ni la persona humilde o importante se escapa ya de sus asquerosos y viles tentáculos.
Ante la crisis que atraviesa la administración de justicia la gente le ha perdido confianza porque mientras aumenta la inseguridad pública y la inmoralidad administrativa, la impunidad se acrecienta.
Cada vez que en Colombia triunfa el poder de hecho, lo mejor y casi siempre lo único que se ocurre para aplacarlo, es dictar con acierto o sin él, leyes o decretos.
Muchas de esas normas son códigos que deben regir unas conductas y que se entregan para su aplicación a un órgano jurisdiccional del Estado, pero el cual ignora muchas veces la razón de ser de dichas disposiciones y mucho menos su aplicación.
Estamos al borde del caos y las leyes son innumerables y crecen en forma geométrica. Mientras en otras partes prefieren obrar sobre el problema aquí en nuestra Patria nos ponen a navegar entre textos y no hacer nada.
Ese derecho así formulado, que no nace de la vida para servirle a la vida, sino que emana de un “legislador sabio para satisfacer la razón”, es el que Ortega y Gasset llamó hace más de medio siglo: “Derecho para una sociedad paralitica”.
Es por eso que uno se pregunta: ¿Para qué pañuelos blancos y una pena de muerte que se reclama hoy para los delincuentes, si aquí en el país la impunidad se acrecienta cada vez más?
Ojalá que mañana no seamos testigos de otro caso más de violencia en este país de contrastes como el ocurrido con el niño Daniel Steven Duque y la niña Ivanna Salomé Rangel Molina.
Por: Luis Eduardo Solarte Pastás