La ex primera dama de Venezuela, Cilia Flores, solicitó a la justicia de Estados Unidos que desestime el proceso judicial en su contra, argumentando que no cuenta con los recursos necesarios para garantizar una defensa adecuada.
La petición se basa en que las sanciones impuestas por el Gobierno estadounidense han bloqueado el acceso a fondos que serían utilizados para pagar a sus abogados, lo que, según su equipo legal, vulnera su derecho constitucional a una defensa justa.
Flores enfrenta cargos en una corte federal de Nueva York relacionados con delitos de narcotráfico y narcoterrorismo, en un caso que también involucra a su esposo, Nicolás Maduro. Ambos se han declarado inocentes de las acusaciones y han insistido en que el proceso presenta irregularidades.
De acuerdo con la defensa, la imposibilidad de utilizar recursos provenientes del Estado venezolano —debido a las sanciones— ha dificultado el pago de honorarios legales. Incluso, autorizaciones temporales para usar esos fondos fueron revocadas posteriormente por autoridades estadounidenses, lo que agravó la situación jurídica.
Sin embargo, el tribunal ha mostrado resistencia a aceptar estos argumentos, y el proceso continúa su curso en medio de tensiones legales y políticas. De no prosperar la solicitud, Flores podría verse obligada a recurrir a abogados asignados por la corte.
El caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a altos funcionarios venezolanos y que podría derivar en severas condenas, incluyendo largas penas de prisión, en caso de ser hallados culpables.
