parque-nacional-natural-paramo-pisba/ foto: archivo particular
Habitantes del municipio de Socha, en la vereda El Alizal, sector El Mortiño, denunciaron que el título minero FGD-141, operado por la empresa Carbones Andinos, seguiría funcionando dentro del ecosistema estratégico del Páramo de Pisba, pese a existir una orden de suspensión y cierre definitivo emitida desde febrero de 2024 por la Agencia Nacional de Minería.
La denuncia fue respaldada por líderes comunitarios y veedurías ambientales de la provincia de Valderrama, quienes aseguran que maquinaria pesada, volquetas y locomotoras continuarían ingresando al área protegida para adelantar actividades relacionadas con la explotación minera. Según los denunciantes, esta situación estaría ocasionando afectaciones sobre la cobertura vegetal y las fuentes hídricas que abastecen varios acueductos rurales de la región.
Eduar Diofanol Vargas Berdugo, reconocido defensor del Páramo de Pisba, cuestionó la falta de cumplimiento de la medida administrativa y manifestó preocupación por lo que considera una aparente desigualdad en los controles ambientales. El líder señaló que mientras pequeños mineros artesanales enfrentan operativos y sanciones inmediatas, actividades de mayor escala continuarían desarrollándose sin una intervención efectiva por parte de las autoridades competentes.
La comunidad también expresó inquietudes frente al papel de entidades como Corpoboyacá, la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Socha. Los habitantes exigen respuestas claras sobre el estado real del cierre ordenado, el ingreso permanente de maquinaria y la permanencia de infraestructura activa dentro de una zona considerada de especial protección ambiental.
La Ley 1930 de 2018, conocida como Ley de Páramos, prohíbe actividades mineras en estos ecosistemas estratégicos debido a su importancia para la conservación del agua y la biodiversidad. Sin embargo, los denunciantes aseguran que las medidas anunciadas no se habrían materializado completamente en terreno.
Finalmente, las comunidades hicieron un llamado urgente a las autoridades ambientales y judiciales para que se verifique el cumplimiento de la orden de cierre y se adopten acciones definitivas que permitan proteger el ecosistema del Páramo de Pisba y garantizar el abastecimiento de agua para cientos de familias campesinas de la región.
