Sandra Milena Estupiñán, Juan Carlos Borda y Jonathan Armando Bosigas, exconcejales/foto: archivo particular
La controversia alrededor del millonario empréstito aprobado durante la administración del exalcalde Luis Alejandro Fúquene volvió a tomar fuerza en Tunja tras la publicación de un fuerte pronunciamiento ciudadano que cuestiona la actuación de varios exconcejales y advierte posibles responsabilidades políticas, disciplinarias y administrativas relacionadas con el manejo y seguimiento de los recursos públicos comprometidos mediante dicho endeudamiento.
Según las denuncias difundidas a través de redes sociales, 15 integrantes del Concejo Municipal habrían aprobado un crédito cercano a los 100 mil millones de pesos sin ejercer posteriormente controles políticos eficaces sobre la ejecución de los proyectos financiados con esos recursos.
El señalamiento sostiene que, pese al impacto económico que el empréstito continúa generando sobre las finanzas de la ciudad, varios de los cabildantes habrían guardado silencio frente a presuntas irregularidades en contratación, ejecución de obras y destinación de recursos. Dentro de los nombres mencionados aparecen Sandra Milena Estupiñán, Juan Carlos Borda y Jonathan Armando Bosigas, quienes actualmente estarían relacionados con movimientos políticos de cara a las elecciones atípicas en la capital boyacense.
Las acusaciones difundidas incluyen presuntos favorecimientos contractuales, posibles conflictos de interés, supuestas relaciones con contratistas y ausencia de control político durante la ejecución del empréstito. Hasta el momento, no se conocen fallos judiciales que acrediten responsabilidad penal en contra de los señalados.
La publicación también menciona a Wilson Ruiz y Camilo Hernán Hoyos, cuestionando presuntos beneficios burocráticos y posibles cuotas políticas dentro de la administración municipal. En contraste, se destaca la actuación de Carrero, quien habría votado negativamente el proyecto de endeudamiento, mientras que Jairo Pedraza no asistió a la sesión donde se aprobó la iniciativa.
El documento ciudadano insiste en que los organismos de control deberían revisar el destino de los recursos aprobados mediante el empréstito, así como las actuaciones de quienes tenían la obligación constitucional y política de vigilar la inversión pública. La polémica revive uno de los capítulos más cuestionados de la política reciente en Tunja y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre transparencia, control político y responsabilidad fiscal frente al uso de los recursos de los tunjanos.
