El desarrollo de sistemas de riego en el sector rural colombiano se está consolidando como una base fundamental para la reactivación estable de la economía agraria. Estas iniciativas hacen parte del cumplimiento de la Política Nacional de Adecuación de Tierras y del Plan Nacional de Riego, que implican inversiones significativas: aproximadamente 15,4 billones de pesos para la política de adecuación (2018–2038) y cerca de 50 billones de pesos para el plan de riego a nivel nacional.
El campo colombiano sigue siendo esencial para el desarrollo del país debido a su vocación agrícola, favorecida por la diversidad geográfica que permite producir alimentos en distintos ciclos durante todo el año. Esto no solo garantiza disponibilidad de alimentos a nivel interno (aunque con problemas de acceso), sino que también permite la participación en mercados internacionales con productos de alta demanda.
A nivel global, el problema del hambre sigue siendo crítico. Según la Organización de las Naciones Unidas, más del 8% de la población mundial sufre hambre crónica (entre 650 y 700 millones de personas), mientras que la inseguridad alimentaria afecta entre 2.000 y 3.000 millones de personas, es decir, cerca del 30% de la población mundial. Factores como la pobreza, la desigualdad y los conflictos agravan esta problemática.
En este contexto, países suramericanos como Brasil, Argentina, Perú y Colombia tienen un gran potencial para contribuir a la solución del hambre mundial, debido a su capacidad productiva. América Latina ya produce cerca del 15% de los alimentos del planeta y es considerada una “despensa global”. En Colombia, entre el 35% y el 40% del territorio (unos 43 millones de hectáreas) está destinado a actividades del sector rural, según la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria.
Sin embargo, para que este potencial se materialice de forma sostenible, es indispensable mejorar la productividad agrícola, lo cual depende en gran medida de sistemas de riego eficientes. El agua es un factor determinante para el rendimiento de los cultivos, y la irrigación adecuada puede incluso triplicar la productividad por hectárea.
Durante años, las políticas públicas descuidaron la adecuación de tierras y la planificación del riego, bajo la idea de reducir la intervención del Estado en la economía. Esto afectó negativamente al campo colombiano, generando rezagos en infraestructura productiva. Actualmente, el gobierno ha retomado estos esfuerzos, enfocándose en ampliar la cobertura de riego y fortalecer las organizaciones de usuarios.
Entre los proyectos en marcha se destacan tres grandes distritos de riego: el Triángulo del Tolima, el de Tesalia–Paicol en Huila y el multipropósito del río Ranchería. Estas obras, que fueron planteadas hace décadas pero abandonadas por años, están siendo reactivadas por su importancia estratégica para el desarrollo rural.
Los distritos de riego funcionan de manera similar a los acueductos urbanos, pero en este caso distribuyen agua hacia predios rurales, permitiendo irrigar cultivos de forma controlada. Su construcción requiere altas inversiones y estudios técnicos complejos, pero su impacto en productividad, estabilidad económica y reducción de riesgos climáticos justifica el costo.
A pesar de estos avances, actualmente solo entre el 8% y el 12% de las tierras productivas en Colombia cuentan con sistemas de riego, lo que significa que la mayoría de los cultivos aún dependen de las lluvias. Esto hace urgente ampliar la cobertura para garantizar mayor estabilidad en la producción agrícola.
Además, los nuevos proyectos están siendo diseñados con un enfoque de sostenibilidad ambiental, promoviendo el uso responsable del agua y la conservación de los ecosistemas. Este enfoque es clave frente a riesgos como el posible fortalecimiento del fenómeno de El Niño, que podría generar sequías más intensas, así como problemas recurrentes de drenaje en distintas regiones del país.
En conclusión, el fortalecimiento de los sistemas de riego se presenta como una estrategia clave no solo para reactivar el campo colombiano, sino también para mejorar la seguridad alimentaria, aumentar la productividad y enfrentar los desafíos del cambio climático, posicionando al país como un actor relevante en la producción global de alimentos.
