El Gobierno de Rodrigo Paz anunció la salida de la embajadora de Colombia, Elizabeth García Carrillo, argumentando una “injerencia” derivada de recientes declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro sobre la crisis política boliviana.
La Cancillería de Bolivia confirmó que García Carrillo deberá concluir sus funciones en territorio boliviano, luego de que Petro afirmara que Bolivia vive “una insurrección popular” como respuesta a una “soberbia geopolítica”, al tiempo que mencionó la existencia de “presos políticos” y se mostró dispuesto a mediar en el conflicto.
El Gobierno de Paz rechaza la mediación de Petro
La administración boliviana no tardó en responder. El canciller Fernando Aramayo descartó cualquier mediación colombiana, señalando que las propuestas diplomáticas deben hacerse por canales formales y no mediante redes sociales o plataformas como TikTok. La reacción se produjo en medio del tenso panorama en La Paz, afectada por bloqueos, escasez de combustible y protestas masivas.
Petro también intervino en defensa del expresidente Evo Morales, considerado una de las figuras más influyentes detrás de las movilizaciones. El mandatario colombiano pidió a Estados Unidos que no tome acciones contra Morales, justo cuando el Gobierno de Paz evalúa solicitar información sobre su presunta relación con redes de narcotráfico.
Contexto judicial y presión internacional
Morales enfrenta un proceso judicial luego de que un juez ordenara su aprehensión por no acudir a declarar en un caso por presunta trata y abuso infantil. Desde Estados Unidos, el subsecretario Christopher Landau calificó la situación como “un golpe de Estado”, tras dialogar con el presidente boliviano.
La crisis también generó pronunciamientos de organismos y figuras internacionales. El Grupo Libertad y Democracia, conformado por 16 exmandatarios —entre ellos Mariano Rajoy, José María Aznar, Felipe Calderón, Iván Duque y Eduardo Frei— expresó su rechazo a cualquier intento de quiebre institucional en Bolivia.
Relación bilateral sigue en pie
Pese a la expulsión, el Gobierno boliviano aclaró que esta medida no implica una ruptura de relaciones diplomáticas ni afecta los vínculos históricos entre ambos países. Desde Colombia, Petro reiteró su desacuerdo con la decisión y advirtió que Bolivia está entrando en “extremismos” que pueden agravar la situación social.
Desde su llegada al poder, Petro buscó fortalecer la relación con Bolivia y designó a García Carrillo como embajadora, una dirigente indígena arhuaca que había vivido exiliada en Canadá, enviando un mensaje simbólico a un país con fuerte presencia indígena y donde figuras como Evo Morales siguen teniendo amplio peso político.
