A través de un comunicado, solicitan que se constituya un siniestro para que sean pagada las aseguradoras.

Bancada antioqueña pidieron no cambiar de contratistas para que Hidroituango funcione en 2022

Alrededor de 16 senadores y representantes a la Cámara, que conforman la bancada antioqueña, en el Congreso, firmaron un comunicado, en el cual se pronuncian sobre la difícil situación que se presenta con el proyecto Hidroituango.

En el pronunciamiento, los legisladores señalan que han venido haciendo un riguroso seguimiento a la situación que se presenta en ese caso, razón por la que consideran que se debe comenzar un proceso que permita declarar el siniestro para que sean las aseguradoras las que paguen.

El comunicado, fue firmado por los legisladores Paola Holguín, Germán Hoyos, Santiago Valencia, Nicolás Pérez, Nicolás Albeiro Echeverry, Óscar Darío Pérez y el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, entre otros. 

En cumplimiento de nuestras funciones constitucionales, pero con respeto por la institucionalidad, central y descentralizada del país, y en especial con las competencias, autonomía e independencia de los órganos de control, hemos venido haciendo un seguimiento, prudente y responsable, de todo lo que ha acontecido con el proyecto Hidroituango en sus diferentes dimensiones, lo cual nos permite sostener que lo ocurrido constituye un siniestro, por tratarse de la materialización de un riesgo, por lo tanto, consideramos que debe avanzarse y concretarse el pago del mismo por parte de las aseguradoras”, indica el comunicado.

Además, los congresistas solicitaron que se frene una eventual búsqueda de nuevos contratistas por parte de EPM, para dar garantías al proyecto y que así entre en funcionamiento en el año 2022 y no se ponga en riesgo la seguridad energética del país.

“La soberanía y sostenibilidad energética del Estado Colombiano debe ser una prioridad y responsabilidad de toda la institucionalidad nacional y territorial, por ello, hacemos un llamado a todos los sectores para que unamos esfuerzos y se adopten las decisiones necesarias para que la obra comience a generar energía en el 2022 tal como está proyectado, para con ello evitar riesgos de desabastecimiento energético, pérdida de empleos, cierre de empresas y crisis sociales

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”, agregaron.

Finalmente, el senador Juan Diego Gómez, explicó los riesgos para el país que Hidroituango no entre en ejecución el próximo año como está previsto.

Los graves riesgos de que Hidroituango no comience su operación a tiempo es que tiene un cargo por confiabilidad y serían graves multas las que enfrentaría la compañía por parte de XM, que es quien debe responder por el suministro de esa energía, pero adicionalmente los sobrecostos financieros sobre el proyecto serían gigantescos”, afirmó.

“Lo que debemos buscar es que el proyecto entre en operación por fases como está previsto para el año 2022. Hacer un cambio de contratistas a estas alturas del partido implica unos enormes riesgos sobre el fallo de la Contraloría General de la República al respecto, implica el enorme peligro de que se vea afectada la terminación del proyecto”, agregó.