El Acueducto debe garantizar agua a 45 familias.
Redacción Extra
Habitantes de los sectores La Loma y La Capilla, en la vereda Tocogua del municipio de Duitama, denunciaron el presunto incumplimiento de un fallo judicial que ordena garantizar el suministro de agua potable a 45 familias mediante la puesta en funcionamiento de un sistema de acueducto rural. La decisión, emitida en el marco de una acción popular en primera y segunda instancia, buscaba resolver una problemática histórica de acceso al servicio básico en esta zona. De acuerdo con la comunidad, aunque la administración municipal anunció recientemente el cumplimiento de la orden judicial, en la práctica los beneficiarios continúan sin acceso permanente al agua potable. Actualmente, el suministro se realiza a través de carrotanques, un mecanismo que, según los afectados, resulta intermitente y depende de solicitudes constantes ante las autoridades. El actor popular del proceso, Jorge Fonseca, explicó que existe una falta de coordinación entre las entidades involucradas. Según indicó, desde el municipio se ha señalado que la responsabilidad del suministro recae en Empoduitama. Sin embargo, al acudir a esta entidad, la respuesta habría sido que existe un convenio suscrito con Ecotocogua, lo que limitaría su intervención directa para evitar un posible detrimento patrimonial. Fonseca también advirtió que la empresa Ecotocogua no ha recibido formalmente la obra civil del acueducto, situación que impediría iniciar la prestación del servicio. A esto se suman, según lo expuesto, inconsistencias técnicas y administrativas que aún no han sido resueltas, pese a la realización de al menos tres mesas de trabajo con participación de la Alcaldía de Duitama, la Secretaría de Infraestructura y la comunidad.
Uno de los puntos críticos señalados por los habitantes tiene que ver con la falta de un esquema tarifario definido. De acuerdo con Fonseca, pese a que las familias adquirieron los medidores, no existe claridad sobre los costos del servicio ni las condiciones de facturación. Esta situación generó cuestionamientos durante la socialización de un contrato de condiciones uniformes presentada el 28 de enero de 2026, el cual, según la comunidad, no cumplía inicialmente con los lineamientos de la Ley 142 de 1994 ni con las disposiciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA). Tras observaciones de los usuarios y la intervención de Empresas Públicas de Boyacá, el documento fue ajustado el 4 de marzo de 2026. No obstante, persiste la preocupación de que, aun con la firma del contrato, el servicio no esté garantizado, lo que implicaría eventuales cobros sin suministro efectivo.
Adicionalmente, los residentes cuestionaron el valor de la matrícula exigida para la conexión al sistema, fijada en 1.500.000 pesos, cifra que consideran elevada frente a estándares de otras empresas de servicios públicos. La Personería Municipal ha acompañado el proceso como mediadora entre las partes. Entretanto, la comunidad insiste en que, más allá de las diferencias institucionales, el cumplimiento integral del fallo judicial sigue pendiente, prolongando una situación que, según afirman, se ha extendido por más de tres décadas.
