Amnistía Internacional acusa a El Salvador de cometer crímenes de lesa humanidad
Amnistía Internacional presentó un nuevo informe en el que acusa al Gobierno de El Salvador de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la implementación del régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. La organización sostiene que las violaciones a los derechos humanos han sido sistemáticas y generalizadas, por lo que solicita investigaciones independientes y acciones de la comunidad internacional.
El informe señala que, desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022, se han registrado más de 90.000 detenciones, muchas de ellas consideradas arbitrarias por la organización. Según Amnistía Internacional, miles de personas fueron capturadas sin órdenes judiciales, con pruebas insuficientes o únicamente por denuncias anónimas, afectando incluso a ciudadanos sin vínculos con estructuras criminales.
La organización también documenta denuncias de torturas, desapariciones forzadas, malos tratos y muertes bajo custodia del Estado. De acuerdo con el reporte, familiares y abogados han denunciado dificultades para conocer el paradero de los detenidos, además de restricciones para acceder a procesos judiciales con las debidas garantías.
Amnistía Internacional sostiene que estas acciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad debido a que, según su análisis, formarían parte de una política estatal de persecución contra sectores de la población. Por ello, pidió a la Fiscalía salvadoreña y a organismos internacionales investigar los hechos y garantizar justicia para las víctimas.
El Gobierno de Nayib Bukele ha rechazado reiteradamente las críticas de organizaciones internacionales y asegura que el régimen de excepción ha permitido reducir drásticamente la violencia y recuperar el control de zonas que durante años estuvieron dominadas por las pandillas. Las autoridades sostienen que las medidas han sido fundamentales para convertir a El Salvador en uno de los países con menores índices de homicidios de la región.
El informe ha generado reacciones dentro y fuera del país, reabriendo el debate entre quienes respaldan la estrategia de seguridad por sus resultados contra el crimen organizado y quienes advierten sobre el impacto que las medidas han tenido en el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho.
