La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta nacional por la vulneración del derecho fundamental a la salud en Colombia, tras evidenciar un aumento en las quejas ciudadanas relacionadas con demoras en la atención médica, entrega incompleta de medicamentos, barreras administrativas y congestión en los servicios de urgencias.
Según el organismo de control, la situación afecta a pacientes de distintas regiones del país y se presenta tanto en zonas urbanas como rurales, con mayor impacto en poblaciones vulnerables, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y usuarios de tratamientos de alto costo.
Principales problemáticas detectadas
La Defensoría identificó como puntos críticos:
- Retrasos en citas con especialistas y procedimientos médicos.
- Fallas en la entrega oportuna de medicamentos, especialmente los de uso continuo.
- Trámites administrativos excesivos ante EPS e IPS.
- Saturación de hospitales y servicios de urgencias.
Estas situaciones, advirtió la entidad, ponen en riesgo la vida y la integridad de los pacientes, y contradicen los principios del derecho fundamental a la salud consagrados en la Constitución.
Impacto en el sistema de salud
El informe señala que la presión financiera sobre el sistema, los ajustes presupuestales y las dificultades en la coordinación entre aseguradores y prestadores han contribuido al deterioro del servicio. En algunos departamentos, hospitales públicos reportan déficit de recursos y problemas para sostener su operación.
La Defensoría también alertó sobre el incremento de acciones de tutela presentadas por ciudadanos que buscan acceder a tratamientos, cirugías o medicamentos negados o demorados.
Llamado al Gobierno
Ante este panorama, el organismo hizo un llamado al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a las EPS para:
- Garantizar la atención oportuna y continua a los usuarios.
- Fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control.
- Priorizar la atención de pacientes con enfermedades graves o crónicas.
Asimismo, pidió al Gobierno adoptar medidas urgentes para evitar que la situación se agrave durante 2026.
Derecho fundamental
La Defensoría recordó que la salud es un derecho fundamental autónomo, y que su garantía no puede depender de trámites administrativos ni de la capacidad de pago de los ciudadanos.
