El consolidado de Prosperidad Social en Nariño supera los 1,41 billones de inversión. De este total, más de $1,184 billones corresponden a transferencias de Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Renta Joven. Los restantes 227.000 millones están asociados con infraestructura social, soberanía alimentaria, economía popular y gestión de donaciones de bienes. La cifra reúne recursos entregados, inversiones contratadas o en ejecución, estimaciones de 2026 y donaciones valoradas en especie.
La red de transferencias llegó a los 64 municipios. Colombia Mayor alcanzó a 157.113 personas y movilizó más de $638.194 millones. Renta Ciudadana acumuló una inversión superior a $310.579 millones, Devolución del IVA más de $210.041 millones y Renta Joven cerca de $26.065 millones. Solo en Colombia Mayor Nariño pasó de 99.152 personas beneficiarias en 2024 a 157.113 en 2026. Detrás de ese crecimiento hay una decisión política que reconoce que la vejez sin pensión, los hogares con niñas y niños en pobreza, las personas con discapacidad y los jóvenes que buscan permanecer en la educación requieren una respuesta directa del Estado.
Pero la inclusión social no puede terminar cuando llega una transferencia. Por eso también se fortalecieron las condiciones para producir, asociarse solidariamente, comercializar y permanecer dignamente en el territorio. Nariño registra aproximadamente $131.956 millones en infraestructura social, distribuidos en 35 proyectos vigentes. Dentro de esta cartera se encuentran seis Puntos de Abastecimiento Solidario contratados en Ricaurte, Tumaco, Los Andes, Francisco Pizarro, Mosquera y Magüí Payán, con una inversión superior a $33.825 millones. Leiva avanza en preconstrucción y Pasto continúa en evaluación técnica y jurídica.
El PAS de Ricaurte, con $4.062 millones de inversión, ya fue entregado. El de Tumaco registra un avance del 85% y una inversión cercana a $5.400 millones. En ambos municipios productores, organizaciones y autoridades suscribieron pactos de gobernanza para garantizar la coadministración, la apropiación comunitaria, la sostenibilidad y el funcionamiento efectivo. En Ricaurte y Tumaco se consolidaron respectivamente las redes Pashimarú y AgroTumac. En conjunto reúnen más de setenta organizaciones asociativas solidarias.
También avanzaron las placas huella en territorios de los pueblos Pastos y Quillasingas. Son 17 iniciativas en diferentes municipios y resguardos, con una inversión inicial de $8.747 millones, más $3.300 millones asegurados para cuatro proyectos adicionales. En total esta apuesta supera los $12.047 millones y se complementa con plazas de mercado, infraestructura productiva, centros comunitarios y otras obras rurales.
El Pacífico y el piedemonte costero también fueron incorporados a las decisiones de inversión. Los once municipios de la subregión PDET Pacífico y Frontera Nariñense recibieron intervenciones en transferencias, seguridad alimentaria, infraestructura y fortalecimiento productivo. Solo Tumaco registra más de $144.883 millones en transferencias monetarias. Ricaurte supera los $17.627 millones y Barbacoas se aproxima a los $15.000 millones.
Mediante IRACA Prosperidad Social moviliza $41.418 millones, con 6.434 cupos contractuales iniciales y una programación de 7.345 atenciones hogar para pueblos Awá y Eperara Siapidara y comunidades afrocolombianas. El programa llega a 13 municipios de seis subregiones. Pacífico Sur con Tumaco y Francisco Pizarro, Telembí con Barbacoas y Roberto Payán, Sanquianga con El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Santa Bárbara, Piedemonte Costero con Ricaurte y Mallama, Exprovincia de Obando con Cumbal y Los Abades con Santacruz. La intervención fortalece la producción para el autoconsumo, la generación de excedentes y la organización comunitaria.
A este esfuerzo se suma Familias en su Tierra —FEST—, con más de $21.563 millones para 1.950 hogares víctimas de desplazamiento forzado en Leiva, Policarpa y El Rosario, de la Cordillera, Los Andes en Guambuyaco, San Lorenzo en Juanambú y Tangua en la subregión Centro. IRACA y FEST no se limitan a entregar insumos. Buscan recuperar medios de vida, seguridad alimentaria, capacidades productivas y organización territorial.
Hambre Cero llegó a 6.034 hogares de Tumaco, Leiva y Los Andes, con $6.149 millones y tres entregas de alimentos por hogar. A ello se suman donaciones en especie valoradas en cerca de $8.941 millones, provenientes principalmente de mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas por la DIAN y de ayudas técnicas de cooperación. Mediante Alimentos para la Vida se entregaron en Tumaco 70 toneladas de papa a más de 5.600 familias. Los alimentos fueron adquiridos directamente a pequeños productores afectados por la caída de precios.
La economía popular registra cerca de $16.914 millones entre 2024 y 2026. Esta apuesta ha vinculado a cientos de unidades productivas, tiendas de barrio y organizaciones asociativas mediante centros de agrogestión, créditos asociativos y encuentros populares de comercialización. El propósito es claro. Las transferencias protegen a las familias y la asociatividad solidaria, el crédito, la innovación, la formación y el acceso a mercados fortalecen su autonomía.
Entre 2022 y 2025, la pobreza monetaria en Pasto se redujo de 34,2% a 29,3% y la pobreza multidimensional en Nariño pasó de 17,6% a 13,2%. Ninguna entidad puede atribuirse por sí sola estos resultados, pero una red de protección amplia ayuda a evitar que una enfermedad, el desempleo, la vejez o el hambre empujen nuevamente a una familia hacia la pobreza.
