Contexto general del caso
El nombre del alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, se convirtió en protagonista de un escándalo judicial tras su captura el 7 de mayo de 2026 por parte del CTI de la Fiscalía General de la Nación.
La detención se dio en pleno centro histórico del municipio, cuando el mandatario se dirigía a su despacho, en medio de una investigación por presuntos hechos de corrupción vinculados a trámites urbanísticos y contratación pública.
El proceso gira en torno a un proyecto urbanístico —una ciudadela valorada en cerca de 6 millones de dólares— que requería licencias y avales del municipio, lo que habría abierto la puerta a irregularidades.
La ciudadela de US $6 millones bajo la lupa
Según la investigación, el caso se centra en un proyecto inmobiliario que necesitaba permisos de construcción en el municipio turístico.
La Fiscalía sostiene que el alcalde habría intervenido en este proceso solicitando beneficios indebidos a cambio de facilitar la expedición de licencias necesarias para el desarrollo de la obra.
De acuerdo con el ente acusador:
- El mandatario habría sostenido reuniones y comunicaciones con representantes de una empresa interesada en el proyecto.
- En dichas conversaciones, presuntamente pidió favores laborales y dinero para destrabar el trámite urbanístico.
- Incluso, se menciona la posible exigencia de una coima cercana al 20% del contrato.
Estos hechos encuadrarían en delitos como concusión, prevaricato y contratación sin cumplimiento de requisitos legales.
Los delitos que le imputa la Fiscalía
El proceso judicial contra Gamboa incluye varias acusaciones graves relacionadas con corrupción en la administración pública:
- Concusión (exigir dinero o beneficios indebidos desde un cargo público)
- Violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades
- Contrato sin cumplimiento de requisitos legales
- Posible prevaricato por acción
Las autoridades consideran que el caso no es aislado, sino parte de un esquema de presuntas irregularidades en decisiones administrativas ligadas al desarrollo urbano del municipio.
La defensa: “hubo entrampamiento”
Por su parte, la defensa del alcalde ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trataría de un “entrampamiento”, es decir, una supuesta inducción o montaje por parte de terceros o incluso de investigadores para provocar los hechos.
El propio mandatario ya había manifestado anteriormente que las investigaciones en su contra tendrían motivaciones políticas y que los contratos cuestionados ni siquiera llegaron a ejecutarse jurídicamente.
Según su versión:
- No existió ejecución real del contrato investigado
- Las pruebas estarían basadas en interpretaciones subjetivas
- El proceso tendría un trasfondo político
Sin embargo, estas afirmaciones deberán ser evaluadas dentro del proceso judicial en curso.
Impacto político y judicial
La captura del alcalde ha generado un fuerte impacto en Boyacá y en el país, especialmente por tratarse de un municipio emblemático para el turismo y el patrimonio histórico.
El caso también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre:
- La transparencia en la gestión urbanística
- El control de licencias de construcción
- La corrupción en administraciones locales
Mientras avanzan las audiencias, será un juez quien determine si existen méritos suficientes para imponer medida de aseguramiento y eventualmente llevar el caso a juicio.
Claves para entender el caso
- El eje central es una ciudadela de alto valor económico
- La Fiscalía habla de exigencias ilegales para otorgar licencias
- La defensa insiste en un posible montaje o entrampamiento
- El caso aún está en etapa judicial, sin condena
