En el barrio Julián Bucheli de Pasto hay alerta por la intervención urbanística de una vivienda que empezó hace unas semanas como centro transitorio de reclusión, lo que ha generado reacciones por parte de la comunidad. Los habitantes de esta zona no sabían que se trataba de un centro de reclusión, es decir de detención, y por ello han pedido ayuda a la Defensoría del Pueblo.
La Junta de Acción Comunal del barrio Julian Bucheli tomó medidas y envió un derecho de petición a la Defensoría del Pueblo para que se revise la adecuación de una vivienda como ‘reclusorio temporal’.
En esta comunidad temen porque dicho reclusorio está en plena zona residencial y comercial, muy cerca de otras viviendas y negocios. Dicen que la vivienda está siendo adecuada, le están instalando tanques de agua y le están poniendo rejas.
Señalan que para un lugar de este tipo no se cumplirían las funciones requeridas, temen que como en otros espacios de reclusión se hagan ‘arreglos’ como este. “En el centro de reclusión de las Américas pusieron un tubo que sería de aguas negras”. Además, a la comunidad no se le habría informado debidamente sobre esto.
También mencionan que no saben a quiénes ni en qué condiciones llevarán a las personas detenidas hasta ese lugar, que tiene terraza, que sería usada como espacio de trabajo para los detenidos y que colinda con otras casas.
Señalan que “no se dan las condiciones mínimas en las que pueda habitar una persona y se evidencian fallas en la prestación de los servicios de salud y de alimentación”.
Señalan que lo que parece una solución para el sistema de justicia y penal acusatorio, puede derivar en un gran problema para toda una comunidad y la ciudad.
Hasta el momento se desconoce si este centro transitorio en el Julián Bucheli será manejado por la Policía o por otro organismo de control.
Para noviembre del 2021 la Defensoría del Pueblo alertaba de la difícil situación de estas ‘cárceles’, en el país. En unas ciudades más grave que en otras, por ejemplo, en Bogotá alcanzando hacinamiento de hasta 1.000%.
La defensora Liliana Gómez Burgos le solicitó a la Secretaría de Gobierno una pronta respuesta para tomar medidas sobre lo que está sucediendo dentro del barrio.
