Por: Luis Eduardo Solarte Pastás
A nivel político se denomina coalición de gobierno los acuerdos que hacen los gobernantes con los partidos o movimientos para obtener el respaldo de su política gubernamental en las corporaciones públicas
Es así como los alcaldes acostumbran a realizar pactos al interior de los concejos con los concejales, los gobernadores en las asambleas con los diputados y el presidente de la República con los congresistas, con la finalidad de buscar su apoyo a las iniciativas que pretenden adelantar en cumplimiento de su Plan de Gobierno.
En muchos casos los pactos aglutinan a casi la totalidad de los integrantes de las Corporaciones Públicas de elección popular, en razón a que ellos se sienten identificados con la política de gobierno del ejecutivo y da lugar a que dicha alianza llegue a denominarse coalición mayoritaria, en contraposición a quienes no lo están en un principio.
Sobre el particular cabe aclarar, además, que el objetivo de esta clase de convenios que se presentan entre un gobernante y una coalición mayoritaria es el de trabajar mancomunadamente dentro de una administración municipal, departamental o nacional por el bien común.
Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que hay alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, presidente y congresistas que en lugar de conformar una bien entendida coalición de gobierno, lo único que hacen es hacer una especie de contubernios que en ocasiones llegan a enmarcarse en la figura tipificada en el código penal como “concierto para delinquir”, en virtud a que en ocasiones lo único que se busca es satisfacer intereses de tipo personal o politiquero.
Los concejales, diputados y congresistas deben entender de una vez por todas que una coalición que “trabaja” a cambio de un surtido de dádivas, si bien está en el gobierno, no se puede considerar representativa de los ciudadanos que los eligieron. Y los alcaldes, los gobernadores y el presidente que las entregan o conceden mucho menos pueden autovanagloriarse de estar en el cargo que ocupan en acatamiento de un legítimo mandato popular.
Hoy más que nunca de todos los sectores sociales se viene reclamando que tanto los alcaldes, los gobernadores y el presidente como los concejales, diputados y congresistas, sean conscientes de la inmensa responsabilidad que tienen de ejercer sus funciones acatando la Constitución y la Ley que orienta nuestro sistema democrático.
De allí que, de ninguna manera se acepte que sus acciones y desempeños vayan en contravía del ordenamiento jurídico existente.
Quizás haya quienes piensen que acabar con el mecanismo de “tú me das, yo te doy”, es difícil, pero se lo pueda hacer cuando el gobernante y los coadministradores tienen principios éticos y morales para presentar concertadamente proyectos pertinentes, viables y realizables que merecen ser estudiados y aprobados, siendo el único objetivo el bienestar general.
Pero si no los tienen vamos a continuar soportando lastimosamente a un grupo de personajes que a nombre del pueblo que los eligió hacen los que se les viene en gana, tal y como se viene apreciando en el Congreso de la República, en donde sus integrantes vienen aprobando a pupitrazo limpio una serie de iniciativas legislativas presentadas por el presidente Gustavo Petro.
