La implementación de la reparación de las víctimas de la violencia y la población étnica requiere de una inversión del Gobierno nacional por más de $301 billones.
La confirmación fue hecha por la vicecontralora, Lina María Aldana Acevedo quien manifestó que los recursos ejecutados entre el 2002 y 2021 por $ 146 billones, han sido insuficientes para atender a los 9 millones de personas víctimas de la violencia.
Dijo que la indemnización individual y colectiva se van a requerir unos $ 74 billones, en vivienda $ 53 billones, en generación de ingresos $ 15 billones y en el plan de retornos unos $ 13 billones.
Comentó que el presupuesto general para pueblos étnicos se incrementó entre 2020 y 2021 en 53%, el orientado específicamente a las víctimas de estas comunidades se redujo en 23%. Se requerirían aproximadamente $3,4 billones para la atención psicosocial, la indemnización colectiva, la implementación de los planes de reparación y el retorno y reubicación de víctimas étnicas, lo que ha sido una problemática permanente en el marco del conflicto armado.
Indemnización mínima
El informe indica que desde la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011, solo se han indemnizado el 12% de la población, quedando pendientes 8.813.711 millones de víctimas. En cuanto a la indemnización colectiva de los pueblos étnicos, se resalta que pese a las inversiones de $19 mil millones en los últimos diez años, solo se ha logrado indemnizar a 12% de las comunidades indígenas y al 9% de las comunidades afrocolombianas.
Al respecto se recomienda aumentar la oferta de vivienda digna para los hogares de víctimas de desplazamiento forzado, pues se ha identificado que más del 80% de estas no gozan del derecho. Frente a proyectos de vivienda urbana, desarrollados entre 2012 y 2021, se encontró un rezago en la entrega de 14.010 viviendas urbanas, y para vivienda rural un atraso de 21.599 sin terminar.
Sobre el particular, la funcionaria calificó la situación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, como bastante compleja a consecuencia de la elevada inversión que se debe hacer para ayudar a 9 millones de personas víctimas de la violencia.