Desde las últimas horas, la expectativa y la incertidumbre es enorme en Colombia, puesto que la reforma tributaria, uno de los pilares del presidente Gustavo Petro, ya se encuentra en el Congreso de la República.
Lo cierto es que, desde ya, los principales puntos de esta reforma causan polémica y en algunos casos rechazo, como ocurre en estos momentos en nuestro departamento de Nariño, a consecuencia del proyecto que busca desmontar el subsidio a los combustibles en las zonas de frontera, lo que se considera sería lesivo para la economía de la región.
Además, la reforma contempla aspectos como la reducción de beneficios para las personas que tengan ingresos superiores a los 10 millones de pesos mensuales y el aumento de impuestos para las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados.
De acuerdo con lo que se expresa en el texto de la Reforma Tributaria, su meta primordial es la de reducir las “exenciones inequitativas” que hoy tienen algunas empresas y personas con ingresos altos y entablar una decidida batalla contra la evasión fiscal.
Esa será la manera, como se expresa en el documento, como el nuevo Gobierno, logrará sus fondos para financiar su ambicioso programa social, en una reforma cuyas características se definen en 4 palabras, “progresividad, equidad, eficiencia y suficiencia”.
Los puntos de mayor transcendencia en la Reforma Tributaria que hoy tiene en vilo a Colombia son los siguientes:
Renta y patrimonio
La renta sobre las personas físicas está en el centro de la reforma. El objetivo, en palabras del proyecto de ley, es mejorar la equidad vertical y horizontal. En corto: que paguen más los que tienen más ingresos y riqueza y que quienes tienen una misma capacidad de pago contribuyan en términos similares.
Las 130 páginas del proyecto de ley no ahorran en estadísticas para justificar su propuesta, dice CNN en Español.
En cuanto al Impuesto de Renta de Personas Naturales, afirman que la recaudación de Colombia es, con base en cifras de 2020, cerca de seis veces más baja que la del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde): ese año ascendió a 1,3% del PIB contra 8%. Esta baja recaudación, según el texto, hace que el sistema se soporte con los aportes de las empresas e impuestos indirectos haciendo que no sea tan progresivo.
Las propuestas vinculadas a la renta personal lograrían que, según las proyecciones del Gobierno, la franja con mayores ingresos (140 millones de pesos brutos en adelante, unos US$ 32.400) tributara un 9,3% más con la reforma.
Ingresos mayores a $10 millones
La nueva Reforma Tributaria contiene un proyecto que establece límites a los beneficios tributarios de las personas que tienen ingresos mayores a 10 millones de pesos colombianos mensuales (unos US$ 2.300), que según el texto son el 2,4% de la población.
«El mayor aumento es solamente para unas 34.000 personas», dijo el nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, describiendo a esta franja como «34.000 ultraprivilegiados» del sistema tributario
Impuesto al patrimonio
Igualmente, la reforma plantea un impuesto permanente al patrimonio que, a diferencia del vigente entre el 2019 y el 2021, mejora la progresividad según el texto. Aquellos con un patrimonio mayor a 3.000 millones de pesos colombianos (unos US$ 695.000) pagarían un 0,5 y el valor se duplicaría a 1% para las personas cuyo patrimonio supere los 5.000 millones (alrededor de US$ 1.157.000).
El caso de las empresas
En el centro del debate y la polémica que se vive en estos momentos en el país, también han estado los aportes de las empresas. A diferencia de lo que sucede con las personas físicas, el impuesto a la renta de las personas jurídicas es mayor, como porcentaje de los ingresos totales, al del promedio de Latinoamérica y de los países de la Ocde.
El texto plantea que se eliminen beneficios tributarios «asimétricos» que reciben solo algunos sectores o territorios y que se establezca un máximo a los beneficios que pueden obtener las empresas.
El proyecto plantea un impuesto a las exportaciones de petróleo crudo, carbón y oro que responde a la visión ambiental y además busca que los «beneficios extraordinarios» de los precios altos de las materias primas mencionadas «contribuyan al bienestar de la población más vulnerable y a la consolidación fiscal». El impuesto sería de un 10% sobre un precio base.
Transición energética
El programa de Pacto Histórico hace una fuerte apuesta a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar en la transición hacia energías más limpias, lo que también ha sido blanco de mucha controversia.
En esta línea, el proyecto propone modificar el impuesto al carbono para gravar la venta, importación y retiro del carbón térmico. Para evitar «efectos indeseados» en la generación de energía, plantea una implementación gradual de una tarifa que aumentaría de manera sostenida hacia 2028.
El impuesto del carbono recaería sobre «el contenido de carbono equivalente de todos los combustibles fósiles incluyendo los derivados del petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados para la combustión», según una presentación del Ministerio de Hacienda del proyecto.
En terreno ambiental también se destaca la propuesta de un impuesto a los plásticos de un solo uso en la reforma tributaria que conviviría con el que ya existe a las bolsas plásticas.
No habrá días sin IVA
La reforma elimina los días sin el cobro del Impuesto del Valor Agregado IVA, tres jornadas al año en la que, a partir de 2020, no se cobraba en las ventas en ciertos productos. El objetivo de esta medida era fomentar la economía a través del gasto.
Sin embargo, hay un «amplio debate» sobre sus beneficios, dice el texto, que destaca tres argumentos: reduce los ingresos por concepto de IVA, puede ser regresiva ya que los hogares con más ingresos son los que gastan más y, según la literatura especializada, medidas de este tipo no aumentan el consumo porque lo que hacen es que la gente simplemente espere hasta que esté el beneficio para efectuar sus compras.
Actualmente, los bienes que provienen de países con los que Colombia tiene un Tratado de Libre Comercio y no superan los US$200 están exentos de IVA, debido a los compromisos que se adquirieron en el marco de los acuerdos con esos países. Pero el destino del que provienen no necesariamente coincide con el destino en el que se fabricaron, por lo que la reforma plantea modificar la ley para que los artículos que queden contemplados sean solo aquellos cuyos países de origen tenga TLC con Colombia.
Un ejemplo claro es el caso de Estados Unidos: de acuerdo a la reforma tributaria, los productos que se producen allí quedarían exentos de IVA, pero no los que llegan a Colombia provenientes de Estados Unidos, pero se fabricaron en otro país con el que no hay acuerdo.
Bebidas azucaradas y ultraprocesados
Las bebidas azucaradas, los alimentos ultraprocesados y los que tienen grandes cantidades de azúcares añadidos tienen su propio capítulo en la reforma que, a través de los impuestos, busca según el texto desincentivar su consumo y obtener recursos para las necesidades del sistema de salud vinculadas a las enfermedades que se relacionan con estos alimentos.
Las bebidas azucaradas con entre cuatro y ocho gramos de azúcar por cada 100 ml pagarían un impuesto de 18 pesos colombianos por esa cantidad, y la cifra aumentaría a 35 a partir de los 8 gramos.
En el caso de los alimentos ultraprocesados y con exceso de azúcares añadidas, se plantea un impuesto del 10% sobre el precio de venta.
Una salvedad: algunos bienes como la mortadela, la butifarra y el salchichón no serían gravados con este impuesto «para no afectar en ingreso de los hogares más vulnerables», considerando que tienen una importancia grande en la canasta básica.
Entre los ejemplos de casos de éxito de estos impuestos la Reforma Tributaria cita a México donde, tras implementar en 2014 un impuesto de un peso por litro a las bebidas azucaradas, el consumo de estas bebidas cayó un 5,5% ese año y casi 10% el siguiente. En un período de 10 años los expertos calculan que podría prevenir más de 61.000 casos de diabetes, casi 4.000 de derrame cerebral y más de 2.800 de hipertensión, entre otras cifras.
El recaudo que se busca
Para 2023 el nuevo Gobierno buscará alcanzar una recaudación de 25 billones de pesos colombianos con la reforma (US$ 5 billones), que equivalen al 1,72% del PIB. De 2024 a 2033 se plantea como objetivo una recaudación del 1,39% en promedio.
La cifra es considerablemente mayor de cara al mediano plazo: el objetivo es llegar al 3,4% del PIB por año, que son 50 billones de pesos, un número que también sería el resultado de la lucha contra la evasión y elusión que es prioritaria para la administración.
¿En qué se traduce esto? El Gobierno proyecta que además de la disminución de la pobreza, la reforma haría que la desigualdad en el país tuviera una caída nueve veces superior a la que se ha registrado como promedio en los últimos 14 años. Por ello, la expectativa está abierta.