Hace un par de días la Corte Constitucional impartió una orden perentoria que le exige al Gobierno Nacional ayudar a la población desplazada de Nariño, acción justa y necesaria ya que desde el año 2021 en este departamento del sur occidente colombiano el desplazamiento forzado se convirtió en una acción repetitiva; bueno en realidad nunca ha dejado de existir, solo que se ha agudizado.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, en la costa nariñense como en el resto de Colombia crecían las ilusiones frente al desarme de los grupos armados, sus habitantes creían que la tranquilidad regresaría a sus territorios, pero la realidad es que eso tan anhelado nunca llegó, estos territorios siguen siendo gobernados por grupos al margen de la ley, que se combaten el territorio y los cultivos de uso ilícito, desplazando y atentando contra líderes, lideresas y comunidad en general.
Es por ello que impartir dicha orden perentoria fue de vital importancia para el territorio nariñense, aunque quizá es un poco tarde. Desde mediados del año 2021 más de 5 mil personas entre hombres, mujeres y niños han salido de su territorio por la fuerza, siendo Magüí, La Tola, Roberto Payán y Barbacoas los municipios más afectados.
Debido a toda esta problemática social, el Gobierno, que ha sido ausente desde mucho tiempo atrás en el departamento, deberá efectuar siete planes de choque en este territorio que ha sido identificado por la Defensoría del Pueblo como zona de emergencia humanitaria recurrente junto a Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Córdoba y Norte de Santander.
Toda esta declaración se hace después de constatar que en Nariño persiste el Estado de Cosas Inconstitucional, es decir, existe en el territorio una violación masiva de derechos fundamentales acompañada de una omisión prolongada de las autoridades ante el incumplimiento de su obligación como garante y responsable de hacer respetar los derechos de los habitantes.
Y es que como si fuera poco, la Corte Constitucional indicó que los indicadores expuestos por la Unidad para las Victimas reflejaban un retroceso en la garantía de derechos de la población desplazada. Por ello el gobierno y sus instituciones tendrán que adoptar 21 medidas para tratar de corregir dichos errores. Se espera que, con esta orden, ahora si quienes deben “protegernos” realicen su trabajo y garanticen al menos los derechos a la vida, la libertad y la seguridad de los nariñenses.
Por: Christian Benítez Ramírez