La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en cabeza del padre Francisco de Roux anunció ayer lunes la imputación de 22 militares, un funcionario del extinto DAS y dos civiles por asesinatos y desapariciones en los llamados ‘falsos positivos’, esto es, personas presentadas como falsas bajas en combate en el departamento de Casanare entre 2005 y 2008.
Entre los imputados se encuentran el mayor general retirado Henry Torres Escalante, antiguo comandante de la Brigada XVI, dos coroneles, tres tenientes coroneles y otros 10 oficiales, 6 suboficiales, todos retirados del servicio activo, y un detective del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
El auto de imputación también incluye a dos civiles que cumplieron el rol de reclutadores.
Específicamente, por su participación en el asesinato de 303 personas en 218 eventos ocurridos en Casanare, algunos municipios de Boyacá, Meta y en Tame (Arauca), la JEP llama a reconocer responsabilidad a 22 máximos responsables y a tres partícipes no determinantes.
En su mayoría se trata de exintegrantes de la Brigada XVI que hicieron parte del Gaula Casanare, del Batallón de Infantería No. 44 «Ramón Nonato Pérez», Birno, con sede en Tauramena y de los Batallones de Contraguerrillas 23, 29 y 65, el DAS, además de dos terceros civiles.
Homicidios
En esta investigación la sala determinó que 303 personas fueron asesinadas para ser presentadas como falsas bajas en combate, en 218 acciones realizadas en Casanare.
También estableció que algunas víctimas fueron trasladadas desde Boyacá, Meta y Arauca.
En su mayoría las víctimas fueron hombres entre los 18 y 25 años. Sin embargo, la JEP acopió información sobre el asesinato de nueve mujeres, una de ellas en estado de embarazo, dos que se desempeñaban como trabajadoras sexuales y un joven con orientación sexual diversa.
Patrón criminal
La sala identificó dos políticas que motivaron el patrón criminal al interior de la Brigada XVI que se configuró a través de tres modalidades.
En la primera, fueron asesinadas personas aprehendidas o puestas fuera de combate en medio de operaciones inicialmente legales.
En la segunda modalidad las víctimas fueron señaladas, a partir de distintas labores de inteligencia, de ser delincuentes o integrantes de grupos armados ilegales y posteriormente ejecutadas.
La tercera modalidad consistió en que algunas personas fueron engañadas y trasladadas desde zonas urbanas por reclutadores, que servían como informantes de miembros de las unidades militares, para luego ser asesinadas.
Entre otros hallazgos, la sala pudo constatar que más de 140 millones de pesos, recursos de los contribuyentes, así como los aportes entregados a las unidades por convenios con las petroleras, fueron destinados para financiar el accionar de los integrantes de la organización criminal que fue montada en la Brigada 16 del Ejército Nacional, entre los años 2005 y 2008.
Para la JEP “existen bases suficientes para entender que la conducta existió, que la persona participó y que la conducta pertenece a tipos penales no amnistiables».
Su desplazamiento y comprar armas para implantar a las víctimas. Solo en esta unidad, al menos 140 millones de pesos, correspondientes a recursos de gastos reservados, fueron utilizados con este fin. Según dijo, cuando no había dinero, pedían prestados los insumos que necesitaban para legalizar las bajas en una ferretería y ajustaban cuando llegaban los nuevos recursos.
Simulación de combates
Asimismo, las muertes estuvieron acompañadas de la simulación de combates dirigidos a encubrir la conducta, y bajo el concepto de “guerra jurídica», el estado mayor de la Brigada XVI evitó las investigaciones ante las múltiples denuncias presentadas por la población civil y las autoridades. La JEP, además, concluyó que la Justicia Penal Militar no investigó adecuadamente estas muertes y que así contribuyó a la perpetuación de la conducta que venía siendo replicada. La impunidad percibida por los responsables en la Justicia Penal Militar permitió que la organización criminal siguiera funcionando con libertad a lo largo del periodo analizado.
Grandes daños
A causa de la desaparición y muerte de sus seres queridos, las víctimas se enfrentaron a daños morales, psicológicos y físicos, toda vez que sufrieron de depresión, ansiedad, alucinaciones con sus familiares e incluso intenciones suicidas. Sufrieron múltiples afectaciones que, además, pasan por rupturas de sus relaciones familiares, incertidumbre, angustia, estigmatización, revictimización, amenazas, hostigamientos y afectaciones al patrimonio familiar, entre otros.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. De ser vencidos en juicio podrían ser condenados con una pena de 20 años de prisión.